En nuestros días el internet se ha convertido en una herramienta esencial en todas las dimensiones de la vida, cada vez más gestiones que requerían presencialidad han migrado a la virtualidad, sin piedad de nuestras generaciones más viejas que nunca tuvieron la oportunidad de ser enseñados sobre este potente instrumento. El internet al alcance de un clic nos permite desplegar un sinnúmero de actividades, que van desde consultar el diccionario, hasta apartar citas médicas, realizar gestiones bancarias, entre otras.
Recientemente nuestro Congreso de la República catalogó el internet como servicio público esencial, a través de la sancionada Ley 2108 del 29 de julio de 2021, estableciendo como teleología de la norma, el desarrollo de acciones afirmativas de parte del Estado, por medio de las cuales se busque la universalidad de este servicio, y además que permitan garantizar y asegurar la prestación del servicio de manera eficiente, continua y permanente, brindando conectividad a todos los habitantes del territorio nacional, en especial de la población que, en razón a su condición social o étnica se encuentre en situación de vulnerabilidad o en zonas rurales y apartadas
Desde los albores de la Honorable Corte Constitucional en sentencia C- 450 de 1995, estableció una serie de derroteros que nos permitían entender en que situaciones nos encontrábamos de cara a un servicio público esencial, indicando en específico que dicha esencialidad se predica “…cuando las actividades que lo conforman contribuyen de modo directo y concreto a la protección de bienes o a la satisfacción de intereses o a la realización de valores, ligados con el respeto, vigencia, ejercicio y efectividad de los derechos y libertades fundamentales (…)”. No existe duda entonces, que cuando hablamos del internet, nos encontramos frente a un servicio público de carácter esencial.
Sin embargo, a pesar de los esfuerzos oficiales de este Gobierno de declarar formalmente la esencialidad del internet como servicio público, lo que debemos exigir como ciudadanos es la transición de esas intenciones de lo formal a nuestra realidad. No basta solo como declarar como mecanismo de eficacia simbólica la esencialidad del internet, sino que este sea un bien de uso universal en nuestra sociedad que nos permita ser contrapeso de las brechas estructurales de inequidad en nuestro país.
Tuve la oportunidad de visitar Ciudad de México y me di cuenta lo que era en realidad el acceso democratizado a Internet, esta populosa ciudad con más de 20 millones de habitantes, cuenta con 13,714 puntos de conexión gratuita a internet a través de los postes distribuidos en sus calles. Es decir, bastaba con abrir un teléfono inteligente, buscar redes públicas de internet, y ahí iba a estar esa red denominada “CDMX internet para todos”, como debe ser, para todos, de calidad y gratis.
Lo que nos pasó con Centros Poblados no debe frustrar el envió que requerimos para conectar a las poblaciones más alejadas de los centros urbanos, adicionalmente, debemos fortalecer las zonas de wifi gratis que se instalaron en parques, plazas, plazas de mercado, sitios emblemáticos y zonas turísticas. Si conectamos a todo un país, lograremos seguir generando equidad para todos, y abriremos esa puerta mágica a muchos quienes no han tenido acceso a esta ventaja social llamada internet.