La emergencia climática alcanzó un punto de no retorno. Así lo indica el sexto informe del Panel Intergubernamental para el Cambio Climático (Ipcc por sus siglas en inglés) sobre la evidencia científica del calentamiento global.
A diferencia de los reportes que lo antecedieron, este deja atrás un lenguaje más cauteloso para aseverar categóricamente que “la acción del ser humano en el cambio climático es inequívoca”, refiriéndose mayoritariamente a los efectos de un sistema económico global basado en combustibles fósiles.
Si se continúa con los patrones actuales, se alcanzará el umbral de 1,5 °C en 2040, con consecuencias catastróficas: cambios en el ciclo del agua y aumento en las olas de calor y el nivel del mar, afectando a miles de millones de personas. Ante esta nueva declaratoria, es más que nunca necesario replantear las decisiones minero-energéticas en Colombia. Si bien el país no es un gran emisor de gases de efecto invernadero (GEI), sí es altamente vulnerable a los efectos del cambio climático.
Sin embargo, le sigue apostando a la expansión de los combustibles fósiles, como lo evidencian los planes de recuperación económica pospandemia y la Ley de Transición Energética.
El sector minero-energético ha sido abiertamente declarado protagonista de la reactivación económica del país, siguiendo la crisis causada por la pandemia. Colombia ha basado (y lo sigue haciendo) su economía en la dependencia de las exportaciones de carbón e hidrocarburos cuyas emisiones van a la cuenta de otros países, pero igual contribuyen al cambio climático.
Según un informe de la Agencia Internacional de Energía (IEA por sus siglas en inglés), lograr la meta de cero emisiones a 2050 implica que no se deben realizar nuevos proyectos de carbón, petróleo ni gas natural a partir de 2021.
Sin embargo, el anuncio de nuevos contratos de exploración y producción de hidrocarburos, inversiones en infraestructura de transporte y regasificación de gas natural, ampliaciones en la Refinería de Cartagena y nuevas plantas térmicas reafirman nuestro compromiso con el carbono (lo que llamamos el lock-in de carbono) e inhiben un mayor crecimiento de nuevas fuentes de energía.
De hecho, plataformas como Energypolicytracker.org hacen evidentes acciones y tendencias claramente contradictorias: en el marco de la pandemia y la crisis climática se evidencia un mayor número de políticas e inversiones públicas a favor de las energías fósiles en comparación con energías limpias.
Incluso, esfuerzos enmarcados en la narrativa de transición energética incluyen el apoyo a combustibles fósiles. La reciente Ley de Transición Energética ofrece beneficios tributarios para la cadena de valor del llamado “hidrógeno azul”, un energético obtenido a partir del uso de combustibles fósiles como el gas y el carbón con la promesa de capturar y almacenar el carbono que resulte del proceso. Sin embargo, aún falta mucho para desarrollar esta tecnología y producir hidrógeno azul puede generar hasta un 20 % más emisiones de GEI que el uso de carbón o gas natural por sí solos, según advierte un reciente estudio.
La producción de hidrógeno azul es impulsada por la reciente hoja de ruta del hidrógeno en Colombia, sobre todo en zonas mineras y petroleras para aprovechar los recursos e infraestructura existentes.
Esto perpetúa la dependencia económica de energías fósiles a escala territorial, que genera serias vulnerabilidades ante la volatilidad de los mercados internacionales, sumado a las proyecciones de fracking y nuevas minas de carbón. Además de ser incongruentes con la emergencia climática, estos nuevos proyectos muchas veces carecen de licencia social en las comunidades locales, como lo evidencian los movimientos de resistencia social en Puerto Wilches (Santander) y Cañaverales (La Guajira).
En ese sentido, resulta peligroso darle el título de combustible de transición al hidrógeno azul si lo que urge es reducir el consumo de combustibles fósiles y ofrecer una transición justa para los más afectados.
Al ser indudable la contribución humana al calentamiento global, se zanja este debate y se hace imprescindible que Colombia revise sus planes nacionales ante su ambición climática en la COP 26, que se realiza en Glasgow. Es imperiosa la necesidad de replantear el rumbo de sus desarrollos minero-energéticos, aprovechando el escenario de recuperación económica como una oportunidad clave para allanar el camino hacia más y mejor sostenibilidad, resiliencia y prosperidad en línea con la urgencia climática. Al fin y al cabo, lograr una transición energética sostenible y justa ya no es una cuestión de viabilidad técnica o económica, es una cuestión de aceptación social y decisión política. Coherencia es la clave y los combustibles fósiles no son la respuesta.