A través de la directiva 18, la Procuraduría General de la Nación le pidió a los entes territoriales del país a cumplir con lo dispuesto en la Ley 65 sobre sus obligaciones en cuanto al trato de personas detenidas preventivamente.
Dicha norma contempla que las cárceles y las estaciones de Policía cuenten con espacios adecuados para la reclusión de personas sospechosas de haber cometido crímenes. Sin embargo, el problema de hacinamiento impide que esa meta se haga realidad. En el caso de La Guajira, por ejemplo, la única cárcel que tiene el departamento rebasó hace tiempo su capacidad.
“En un consejo de seguridad, la comandancia del Departamento de Policía expuso la situación de la estación de Riohacha, y la situación delicada que se está viviendo no solo en hacinamiento, sino también en la estructura física de donde se tienen los detenidos preventivos”, dijo el procurador regional Alfredo Moisés Ropaín.
El delegado del ministerio público también reveló que “en el sur del departamento la situación también es bastante preocupante y caótica”.
Esta situación obligó al Consejo de Moralización, integrado por los entes de control, a citar al gobernador Nemesio Roys, a los alcaldes, la Policía y demás actores implicados en el funcionamiento del sistema penitenciario, a una reunión el 23 de noviembre para abordar la crisis, “a fin de que se comprometan y que hayan compromisos muy puntuales de las entidades territoriales para que den cumplimiento a lo que legalmente está obligados”, expresó el procurador Ropain.
Con este encuentro, la Procuraduría busca que las entidades territoriales garanticen los derechos de los detenidos en estaciones de Policía, calabozos de la Fiscalía y la cárcel de Riohacha, pues las malas condiciones de infraestructura y el hacinamiento son una vulneración de la norma.
La nueva cárcel de Riohacha
Otro problema que enfrenta el sistema penitenciario de La Guajira, son las reclamaciones de varias comunidades vecinas del predio donde estará la nueva cárcel de Riohacha, pues alegan que la construcción los afectará. Por eso, se emitió una tutela para paralizar los trabajos.
“Afortunadamente en segunda instancia fue impugnada esa tutela. En estos momentos no hay ningún impedimento de carácter legal”, dijo el procurador Ropaín.
“Ahora se está a la espera de Corpoguajira para que de los correspondientes permisos ambientales para poder dar inicio a esta importante obra. El director de la Corporación manifestó que ya están en próximos días para entregar a efectos de poder darle inicio a esta importante obra”, agregó Ropain.
El procurador destacó que la construcción de la nueva cárcel en Riohacha ayudará a solucionar el actual problema de hacinamiento que enfrenta el departamento, dado que el nuevo centro penal tendrá un aforo de 1.500 reclusos.
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