Líderes se oponen a la creación de un batallón que protegería los proyectos de energía eólica

Como absurda califica el economista y exsecretario de Planeación y de Hacienda departamental, César Arismendy Morales, la propuesta del gobernador de La Guajira, Nemesio Roys Garzón, sobre la creación de un batallón militar especializado para proteger las inversiones de las empresas generadoras de energía en el área del resguardo de la Alta y Media Guajira, en donde se están desarrollando las consultas previas, libres e informadas para la construcción de centrales de energía con base en el viento.

“Planear, estructurar y operar un cuerpo armado de la nación, tiene sentido en la medida en que sirva para amparar, preservar el acceso a medios y recursos para mejorar las condiciones de vida y tranquilidad en la población. Proteger de manera estricta a las empresas privadas y a sus inversiones en un departamento que se mantiene en un estado de cosas inconstitucional, es un total despropósito, ya que es poner el monopolio que tiene el Estado en el uso de las armas y sus instrumentos de persuasión al servicio del interés particular”, expresó.

Dice además que conociendo las capacidades técnicas y el desarrollo estratégico que lleva el Gobierno departamental, es fácil concluir que esa idea no es propia y no es original de ese equipo, pero la acogen y la promocionan actuando como un poderoso altoparlante.

“Esa propuesta es del Gobierno nacional, que insiste en la creación de una narrativa esperanzadora de la energía limpia y que no quiere participar de los ruidos de sables y fusiles que muestra la dimensión del rostro gélido y sucio de estas iniciativas medioambientales”, anotó.

Indicó, que la legislación colombiana asume la consulta previa como la oportunidad de establecer un diálogo genuino en proyectos incidentes en el territorio de las comunidades étnicas, en donde participan el Gobierno y las empresas.

De acuerdo con la Corte Constitucional, en la Sentencia T-302 de 2017 se establece como un fuerte instrumento para reconocer derechos y para ponerse de acuerdo en relación con las acciones mitigadoras de los impactos sociales, económicos, culturales y ambientales ocasionados por los proyectos de desarrollo. Los desencuentros y respuestas sociales discrepantes que en la actualidad se están presentando entre las comunidades y las empresas promotoras de energía renovable, no se pueden criminalizar y muchos más si se trata del pueblo wayuú, los cuales son reconocidos por ser históricos controladores territoriales.

Puntualizó, que la creación de un batallón militar al servicio de las centra les de energía eólica es un acto de discriminación étnica y propio de un racismo medioambiental que limita las voces y los desacuerdos que provienen del desierto, decisión que tendrá sus repercusiones en los costos propios de la responsabilidad social empresarial.

Es conocido en La Guajira, que muchos de los recursos aportados por las empresas en el territorio se dedicaron a financiar la logística (alimentos, bebidas, equipamientos y campamentos) de los batallones militares emplazados en las áreas gasíferas, mineras y portuarias.

“Los costos asumidos por las empresas desdibujaron y limitaron la inversión social en las comunidades para salvar vidas y prospectar opciones de cambio planificado a nivel local. Nunca fue la prioridad desde los gobiernos. Un batallón militar para proteger al empresariado del sector de energía eólica implica confinar territorialmente, reducir a los wayuú y negarles recursos a los proyectos sociales, muchos de ellos concertados en los procesos de consultas previas”, manifestó.

Otras opiniones

El expresidente del Senado, y experto en temas de energía Amylkar Acosta Medina, expresó que ese no es el camino apropiado para aclimatar las consultas previas en curso y “generar confianza entre los inversionistas y toda la comunidad residente”

Precisó que el único camino y es el más expedito es el diálogo franco y la concertación para llegar a acuerdos que sean satisfactorios para las partes y no solo para una de ellas.

“He defendido y defiendo la licencia social, entendida esta como el asentimiento y consentimiento informado por parte de las comunidades, así como los planes de gestión social, para que las empresas se puedan hacer acreedoras a ella, para que los proyectos puedan ser viables y sostenibles. Lo que no es de voluntad no es de fuerza”, dijo.

Advirtió que la transición energética desde las energías de origen fósil hacia las fuentes no convencionales de energías renovables debe ser justa, esto es incluyente y tratándose de los pueblos indígenas estos deben ser objeto de un tratamiento diferencial y diferenciado. “No puede ser de otra manera”.

“En consecuencia, me permito solicitarle, de la manera más comedida, tanto al señor gobernador Nemesio Roys como al Gobierno nacional abstenerse de tomar esta medida tan extrema, la cual lejos de ‘cuidar los parques eólicos’ los convertiría en blanco de la ira contenida por parte de las comunidades a las que el Estado les debe brindar atención y protección a los que tiene derecho”, indicó.