El dilema de la construcción de la cárcel que enfrenta a familias wayuú con la contratista

La construcción de la nueva cárcel de Riohacha es una alternativa de solución para garantizar que no se sigan violando los derechos humanos a las personas privadas de la libertad que se encuentran en unas condiciones infrahumanas en la actual sede debido al hacinamiento, pero que no debió generar, como está pasando, un enfrentamiento con varias familias indígenas del sector que insisten en la realización de una consulta previa.

Son dos posiciones válidas que requieren de un alto espíritu de conciliación entre las partes para que el proyecto siga avanzando.

Los predios en que se construirá el centro carcelario no se encuentran en zona resguardada y el Ministerio del Interior confirmó luego de una inspección que no procede la realización de una consulta previa.

Cabe recordar también que el Tribunal Contencioso Administrativo de La Guajira, mediante acción de tutela del 21 de octubre de 2021, revocó  la sentencia de fecha 13 de septiembre del mismo año, proferida por el Juzgado Segundo Administrativo Mixto del Circuito de Riohacha, que declaró que la Nación (Ministerio del Interior), Dirección de la Autoridad Nacional, vulneraron con su omisión el derecho al debido proceso de la comunidad indígena La Ceibita Macedonia. Y en su lugar negó el amparo de los derechos fundamentales de consulta previa, libre e informada, al debido proceso y a la información, invocados por la citada comunidad, de acuerdo con las razones expuestas.

Además, instó a las autoridades accionadas para que a la mayor brevedad posible y en el ejercicio de sus competencias, establezcan formas de comunicación intercultural que permitan como República Unitaria el beneficio mutuo para la población reclusa amparada por las sentencias mencionadas y la comunidad accionante.

Sin embargo, las familias wayuú de la comunidad La Ceibita Macedonia insisten en la consulta previa, y tres de sus líderes se mantienen en una huelga de hambre que generó un encuentro previsto para las 10:00 a.m de hoy en la sede de la Unidad de Víctimas, con participación de funcionarios del Gobierno nacional, entre ellos la directora de Consulta Previa, con el propósito de lograr una solución al impasse presentado.

Las exigencias de la comunidad La Ceibita Macedonia se encuentran consignadas en un extenso documento que requiere una respuesta de las autoridades, pero también de la sensatez de sus líderes para llegar a unos acuerdos que les sea de beneficio común y se evite se paralice el proyecto en detrimento también de quienes a pesar de estar detenidos, requieren con urgencia una sede confortable para que no se les siga violentando como personas.

En ese sentido, el secretario de Gobierno departamental, Jairo Aguilar Deluque, explicó que se ha hecho acompañamiento a varias mesas de trabajo realizadas con la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior y con la dirección de Fiscalía de La Guajira, revisando la situación.

“Desde la institucionalidad hemos sido muy respetuosos,  también sabemos que hacen unas exigencias y  en ese sentido nos corresponde a todos comenzar a definir la hoja de ruta clara, porque ya este atraso que están viviendo los detenidos en las estaciones de Policía no da espera. Necesitamos poder avanzar y esta visita por parte de la Dirección de Consulta Previa permite  darle claridad, porque cada vez que se presenta una reunión sobre el predio manifiestan los huelguistas que se tiene que realizar una consulta previa”, explicó Aguilar Deluque.

Reiteró que en la mañana de hoy, la directora de Consulta Previa estará explicando a los líderes directamente, cuáles serían esas pautas, y por qué en este caso no se puede hablar de consulta previa en el proyecto de la construcción de la nueva cárcel de Riohacha.

“Esperamos poder avanzar, estamos a tiempo de poder dar una respuesta necesaria y ponerle fin a esta problemática con la que se viene desde hace muchos años en este atraso.

Las posiciones

En su momento, el Ministerio del Interior afirmó que no es necesaria la consulta previa solicitada por las comunidades indígenas para la construcción de la nueva Cárcel Judicial en el Distrito de Riohacha.

Indicaron que la metodología utilizada en el proceso de verificación se basó en un enfoque geográfico y antropológico en campo, realizando observación directa no participante, toma de coordenadas y entrevistas semiestructuradas, tanto a las comunidades objeto de la visita como a los ejecutores del proyecto.

El Ministerio precisó que no se evidenció una coincidencia de los contextos del proyecto y de las comunidades étnicas visitadas, ni se identificaron dinámicas territoriales o prácticas de los grupos étnicos que pueden verse posiblemente afectadas directamente por la ejecución de las actividades del proyecto.

En el pliego de peticiones presentado por la comunidad de La Ceibita Macedonia, solicita que se ordene a quien corresponda la revisión y verificación de la visita adelantada el 4 de octubre del 2011 por la Subdirección Técnica de la Dancp del Ministerio del Interior.

Además, que se revise el alcance de la Sentencia Referenciada con el número 44-001-33-40-002-2021-00144-01 en su ratio decidendi y su parte resolutiva, toda vez que ha sido interpretada a conveniencia de los intereses de la empresa constructora, lo que ha conllevado a las graves vulneraciones de derecho de una comunidad indígena sujeta de especial protección constitucional.

También, que se coordine el acompañamiento del Instituto Colombiano de Antropología e Historia –Icanh– así como la presencia y acompañamiento de Organizaciones Internacionales defensoras de los derechos humanos.

Advierten que “las mujeres y ancianos que en nombre y representación de su comunidad indígena se encuentran  en huelga de hambre están dispuestos a llegar hasta las últimas instancias y si es posible, ofrendar sus vidas por el respeto y reivindicación de sus derechos y cualquier desenlace fatal en la vida de los huelguistas que hacen parte de una comunidad indígena, será única y exclusiva responsabilidad del Estado colombiano en cabeza del Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia, Inpec, Gobernación de La Guajira y la Alcaldía Distrital de Riohacha, Y sobre todo, de la Personería Distrital que en clara omisión a sus funciones legales y constitucionales es parte activa de los intereses particulares y económicos de la empresa constructora del proyecto de la cárcel”.