La ONG de DDHH Nación Wayuú denunció en las últimas horas la muerte por posible desnutrición de la niña Danileth Epieyu, de nueve meses de nacida, quien falleció el 8 de enero del presente año en la comunidad indígena Katurrulunsu, ubicada en el kilómetro 16+500 metros de la vía Riohacha – Maicao, jurisdicción de Manaure.
Según informaciones de sus familiares, la niña habría fallecido luego de varios meses de quebrantos de salud, sin que ningún organismo estatal pudiera evitar su deceso.
“De acuerdo a verificación de campo y acompañamiento de esta ONG, se pudo determinar que la madre de la niña presentaba graves afectaciones que por su estado y aspecto se podría deducir que son temas de desnutrición asociadas a otras enfermedades”, dijo la ONG.
De igual manera, indicó que “en los territorios indígenas wayuú de La Guajira no ha sido posible evitar la muerte de niños por física hambre y sed, a pesar de numerosos diagnósticos, debates, advertencias, fallos y órdenes de los más altos tribunales del país para atender esta problemática”.
Informaron que las cifras han sido y siguen siendo escalofriantes y parece no haber algo que las detenga, a pesar de que se conoce plenamente cómo debe abordarse la crisis. “El 2022 no ha iniciado muy bien su calendario y ya se presentó el primer fallecimiento por desnutrición, pero queda la duda si este es el primer caso del 2022 o ya existen otros casos similares de los que no se ha tenido conocimiento”.
Nación Wayuú enfatizó que han sido muchas las causas que se han expuesto, como la corrupción, la dispersión de las comunidades, la falta de agua potable, la sequía, la inestabilidad administrativa y la crisis por la migración venezolana y hay un gran abanico normativo que de nada ha servido para evitar las muertes.
“La primera infancia es la etapa del ciclo vital en la que se establecen las bases para el desarrollo cognitivo, emocional y social del ser humano y se exponen numerosas normas, tanto nacionales como internacionales, que buscan los derechos a los niños, incluyendo el que debe garantizar la seguridad alimentaria y una alimentación adecuada. En La Guajira, todas esas normas parecen haberse violado y las órdenes que han emitido las altas cortes, tal como la Sentencia T-302 la cual declaró el Estado de cosas inconstitucionales, han sido totalmente desconocidas y desacatadas por el Estado colombiano y sus instituciones garantes como lo son el ICBF Regional La Guajira, la Gobernación de la Guajira, Secretarías de Salud departamental y municipal y las diferentes alcaldías”.
Por estas muertes, reveló la ONG, existen también unas medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor del pueblo wayuú, cuya medida cautelar también se encuentra en desacato, toda vez que ninguna de las órdenes dadas se están cumpliendo para la protección de esta población indígena sujeta de especial protección constitucional.
“Por estos hechos, como ONG de Derechos Humanos, muy respetuosamente solicitamos a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación, se abra una investigación penal y/o disciplinaria en contra del ICBF Regional La Guajira, Gobernación de La Guajira, Secretarías de Salud departamental y/o municipal y demás instituciones encargadas de velar por los derechos de los niños; por los posibles delitos de omisión y fraude a resolución judicial, toda vez que las medidas cautelares otorgadas por la Cidh y la Sentencia T-302 que declara el estado de cosas inconstitucional se encuentran en total desacato y la muerte de niños por física hambre no se detiene”, finalizó la ONG.
