Por desacato, convocan a audiencia al Estado colombiano este viernes en el Distrito de Riohacha

Por desacato, convocan a audiencia al Estado colombiano este viernes en el Distrito de Riohacha

Esta semana llegó a La Guajira una comisión del Gobierno para dar inicio a una consulta previa para la implementación de la Sentencia.

La Guajira

Este viernes es un día especial en Riohacha, pues todo el Estado colombiano debe presentarse en la sala de audiencia del Palacio de Justicia, para atender una audiencia pública y responder a un incidente de desacato de la sentencia T 302 de 2017 de la Corte Constitucional.

La audiencia es convocada por el Tribunal Superior de Riohacha, a través del magistrado John Rusber Noreña Betancourt, para determinar los avances de la implementación de la Sentencia T 302/2017, que se originó por una acción de tutela interpuesta por el ciudadano Elson Rafael Rodríguez Beltrán.

La Sentencia que declaró un estado de cosas inconstitucional con relación al goce efectivo de los derechos a la salud, agua potable, alimentación y a la seguridad alimentaria de los niños y niñas en el Distrito de Riohacha y los municipios de Maicao, Manaure y Uribia, cumplió dos años sin mucho avance para su implementación.

Cuenta el magistrado, que mediante auto del 18 de julio de 2019, corrió traslado a las partes intervinientes en el trámite constitucional del informe y solicitud de prórroga en el marco del cumplimiento de la Sentencia T 302 de 2017, formulados por la Presidencia de la República.

Expresó que revisado el expediente se encontraron varias contestaciones al requerimiento efectuado más no todas las respuestas que se esperaban.

Por esa razón, el magistrado dijo que fue necesario adoptar medidas urgentes y pertinentes, y por lo tanto su única alternativa fue llamar a audiencia pública a los involucrados en la Sentencia, con miras a establecer el nivel de cumplimiento de la misma.

Los intervinientes en el proceso deberán aportar a la diligencia la documentación que soporte sus reparos, argumentos, consideraciones y/o razones de defensa.

Además, se hará llegar a la Honorable Corte Constitucional el registro en audio o en físico que resulte de la audiencia con las conclusiones halladas y eventuales decisiones que se ordenen.

De acuerdo al fallo, lo que se pretende es asegurar que las políticas públicas realmente sean del goce efectivo de los derechos fundamentales de los niños y niñas de la comunidad wayuú.

La audiencia

La audiencia inicia a las ocho de la mañana y estará presidida por el magistrado John Rusber Noreña Betancourt, quien espera que el presidente Iván Duque Márquez se presente en el Palacio de Justicia, porque lidera la lista de los convocados.

Además del jefe de Estado, fueron llamados los ministros de Vivienda, Ciudad y Territorio, Interior, Educación, Planeación, Ambiente y Desarrollo Sostenible y Agricultura; Bienestar Familiar, superintendente Nacional de Salud, Invías y funcionarios de otras dependencias del Gobierno nacional.

Por La Guajira fueron convocados el gobernador encargado, los alcaldes de los municipios de Riohacha, Maicao, Manaure y Uribia, la defensora del Pueblo, Corpoguajira, el procurador y el contralor. También fueron convocados representantes de diversas organizaciones indígenas.

Es bueno precisar que en el transcurso de esta semana, llegaron a La Guajira una serie de comisiones del Gobierno nacional para dar inicio a una consulta previa para la implementación de la Sentencia T 302 de 2017, algunas de las cuales fracasaron porque las comunidades indígenas exigían un plazo para ponerse de acuerdo y lograr después ser parte activa del proceso.

Los líderes indígenas, en el caso del Distrito de Riohacha, aseguraron que conocen los alcances de la sentencia pero que requieren de un grupo de expertos que les ayude para la toma de decisión, pues se trata de definir las estrategias con el cumplimiento de indicadores de la Sentencia.

Matilde López, reconocida líder wayuú, dijo que la consulta previa que se pretendió realizar debió desarrollarse hace más de un año y no ahora de manera rápida, en respuesta a la audiencia pública promovida por el Tribunal Judicial de Riohacha.

La Sentencia

La Corte considera que la solución a la crisis de desnutrición de los niños y niñas wayuú requiere que todas las entidades públicas superen los prejuicios y los estereotipos étnicos.

“Es injusto y discriminatorio generalizar sobre toda la población wayuú para sostener que “ellos”—refiriéndose a todos los indígenas wayuú —“no se dejan ayudar”— como si las facetas prestacionales de los derechos no fueran obligatorias, sino optativas, cuando se trata de estas comunidades, y como si las comunidades estuvieran pidiendo “ayudas” o asistencialismo por parte del Estado, cuando lo cierto es que las comunidades wayuú rechazan las medidas asistencialistas.

Es cierto que existen dificultades en la concertación de los programas, pero estas dificultades son similares a las que genera una intervención social en cualquier parte del país. Las dificultades del diálogo y la concertación son parte del ejercicio ordinario de la función pública, no son un aspecto extraordinario y particular a la comunidad wayuú.

Hay particularidades propias de este caso, pero se trata de eso: particularidades de un problema que se expresa en muchas formas. En este contexto, las entidades públicas deben hacer todo lo que esté a su alcance para dialogar efectivamente con los destinatarios de las intervenciones del Estado y para ofrecer espacios efectivos de participación. Lo difícil que pueda ser esta concertación no las releva de sus obligaciones, y no convierte los derechos fundamentales en “ayudas” que el Estado central puede otorgar o no de manera discrecional”.

Bajo ese argumento, la Corte Constitucional, protegió los derechos fundamentales a la salud, el agua y la alimentación de los niños y niñas wayuú de Riohacha y los municipios de Maicao, Uribia y Manaure.

En la cita de hoy, finalmente los niños wayuú sabrán el nivel de cumplimiento de la Sentencia T 302 de 2017.

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