La Procuraduría General de la Nación decidió vincular al alcalde de Riohacha, José Ramiro Bermúdez Cotes, a la investigación que adelanta por presuntas irregularidades en el trámite y aprobación del proyecto de inversión para expandir las redes de alcantarillado en la Comuna 10 del Distrito, obra que se financia con recursos de Regalías por más de $ 28.000 mil millones.
También fueron vinculados el exalcalde Juan Carlos Suaza Movil (2018-2019), los exsecretarios de Infraestructura, José Cardozo Lozano, Keider Agustín Freyle Sarmiento y la interventora de obra, Marleydis Salguedo Almanza.
De acuerdo con el proceso de investigación, Bermúdez Cotes y los demás funcionarios estarían comprometidos en los retrasos de ejecución e inviabilidad técnica y financiera del proyecto.
“Al parecer de manera conexa a las diferencias técnicas del proyecto, ha incidido la conducta posiblemente omisiva de otros funcionarios que han ejercido como servidores del Distrito de Riohacha en el lapso comprendido entre el 15 de julio de 2019, cuando se suspendieron preventivamente los giros del Departamento Nacional de Planeación, hasta la fecha de expedición del Auto de Investigación, 31 de octubre de 2022, en que no se había terminado la obra, no se había reactivado la ejecución del contrato”, asegura la providencia.
Según refiere el expediente, en julio de 2019 el Departamento Nacional de Planeación pidió explicaciones al entonces alcalde, Suaza Movil, sobre los motivos del retraso en las obras, que nunca fue respondido, por lo cual la entidad decidió suspender los desembolsos de manera preventiva mientras se resolvían todas las dudas con respecto a la continuidad de la obra.
Hasta el momento la obra lleva detenida cinco años y las medidas correctivas solicitadas por Planeación Nacional para reiniciar el proyecto han sido omitidas por la nueva administración.
“Dentro de las medidas de contingencia para mitigar los retrasos en la ejecución de la obra, desde antes del procedimiento preventivo del DNE, hasta la inspección disciplinaria practicada por la Procuraduría el pasado 26 y 27 de enero, de 2023, la entidad ejecutora (Alcaldía de Riohacha) no ha cumplido con la gestión para remover el obstáculo de los predios para la conexión(…) y la consecución de los recursos para adicionar en contrato de interventoría, sin el cual no es posible reiniciar el contrato de obra”, puntualiza el auto de investigación.
