Carga tributaria o Ley de quiebra

Hace varios años le escuchamos decir a un gobernador de La Guajira que el Departamento no era viable financieramente, tanto, que había sostenido varias reuniones con los integrantes de la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda para llegar a un acuerdo de restructuración de pasivos, solicitud que no pudo cumplirse en ese momento por el costo político que representaba el hecho de corregir las deficiencias en la organización y funcionamiento de la administración para atender el pago de sus acreencias.

Hoy la situación financiera de la Gobernación de La Guajira sigue empeorándose en épocas de pandemia, tanto que se han reducido los ingresos producto de la situación de la economía nacional que afecta a la región. A todo esto hay que sumarle que el Departamento tiene una deuda con el Banco Mundial y las arcas de la Gobernación están sometidas al festival de embargo de sus cuentas bancarias que neutraliza cualquier tipo de pago.

El análisis que hacemos es que se trata de un departamento no viable financieramente, que conlleva a Nemesio Roys a tomar uno de los tres grandes caminos que le queda para salir adelante: poner a consideración de la Asamblea una nueva carga tributaria o someterse al acuerdo de reestructuración de pasivos conocida como Ley de quiebra (de insolvencia o bancarrota) o, continuar con una administración como se ha venido desempeñando en donde el gobernante financieramente se encuentra con las manos atadas.

Estas son decisiones políticas que el gobernador debe comenzar a socializar ante la ciudadanía, siendo su prioridad la depuración de la deuda y el pago de los compromisos con la Universidad de La Guajira, principal gestor de las medidas cautelares de las cuentas de la Gobernación. De definirse el gobernador por la carga tributaria, tiene a la mano la tasa de Prodeportes y Recreación, proyecto de ordenanza que buscaría un nuevo impuesto que no deja de ser inocuo en sus ingresos debido a que la base gravable no puede ser superior al 2.5% del valor del contrato que se haga, pero ¿de dónde se va a recaudar si la Gobernación no tiene actividad contractual? De ser así, este impuesto sería una nueva carga impositiva para el contratista, adicional a la cantidad de impuestos que hay en la Gobernación.

Este análisis lo hacemos por lo que escuchamos fragmentariamente, ya que es poco lo que se conoce oficialmente sobre la realidad de las finanzas del Departamento y es aquí en donde el gobernador debe indicar si la Gobernación está quebrada o no es viable financieramente. Sabemos que acogerse a la ley de quiebra es una propuesta que no le gusta a los gobernantes porque políticamente no genera resultados, pero si no hay más salida, sería el único camino que hay que tomar.