El panorama político administrativo de La Guajira se observa desde Bogotá bastante nublado y desde los 2.600 metros sobre el nivel del mar, la península que encabeza el mapa de Colombia, se observan nubes muy grandes, espesas y oscuras que después del 27 de octubre se presagia que nuevamente caerán en esta sección del país, los aguaceros con tormentas eléctricas.
Así describimos los que escuchamos en Bogotá a funcionarios de los entes nacionales que por un lado nos invitan a promover sus impolutos trabajos y en las tertulias etílicas fomentan la deslealtad a la institución con la cual trabajan. Esta bipolaridad de algunos funcionarios en el ‘reino de los cachacos’ en el fondo están impregnadas de corrupción.
Esas nubes viajeras que poéticamente los incautos guajiros las recibimos como una bendición del territorio de los cachacos, son las que se forman en Bogotá compuestas por partículas de agua ácida y venenosa, trasladándose al cielo de La Guajira con la que nos bañamos, almacenamos y hasta ingerimos, pero que después nos causa todo tipo de malestar hasta con fiebre y dolores, curados por los organismos de control, que son los mismos que necesitan de los funcionarios guajiros para tener todo el insumo investigativo y poder interponer una cortina de humo para ocultar en el interior del país los verdaderos actos de corrupción y desviar la atención interna, para luego vernos como unos verdaderos corruptos.
No es que en La Guajira hagamos parte de ‘las hermanitas de caridad’. Lo que escuchamos a quienes manejan los hilos de las investigaciones es que los guajiros somos incautos antes los ‘cachacos’ al momentos de inducirnos, pero para otro sector pareciera que la corrupción galopante que se ha generado en las diferentes instituciones del Departamento, fuera un legado de quienes en el pasado sacaron todo el provecho. Hoy pareciera que la nueva generación de funcionarios actúa con mejor tecnicismo en los actos delictivos haciendo un mal uso intencional de los recursos financieros de la entidad en donde labora.
Nos resistimos a creer que en el Departamento existan escuelas que fomenten la corrupción en las instituciones del Estado. Es inverosímil aceptar que una persona consiga por todos los mecanismos una posición o cargo público para salir de pobre, para recuperar el dinero que se invirtió en campaña o porque tiene que sacar de las arcas el dinero que invirtió en el candidato que hoy es gobernante. Nos resistimos a creer que existan escuelas de corrupción al interior de la función pública destinadas a la enseñanza, que despilfarran las arcas de un municipio o de cualquiera de las dependencias del Departamento, claro, muchas de ellas obedecen al legado delincuencial de un familiar, con profesores criollos o catedrático que desde el interior del país adoctrinan al futuro delincuente. ¿Y en qué momento se gradúan? Cuando son investigados por los organismos de control, terminando inhabilitados, acusados por la Fiscalía o condenados por un juez.