Inmerecido calvario para una empresa

Nos ha llamado la atención la celeridad y eficiente actuación de la Fiscalía General de La Nación cuando se trata de mostrar su poderío judicial al momento de actuar en contra de una persona de bien o de una empresa de La Guajira que ha descollado con éxito a nivel nacional, sin que se haya tenido conocimiento de su participación en actos de corrupción.

No vamos a defender a los políticos de La Guajira, muchos menos a los corruptos de este Departamento que pareciera que estuvieran impermeables ante el accionar de la Fiscalía, pero si nos corresponde entregar un parte de buena conducta en sus actuaciones empresariales en favor de Tony Ávila, la familia Ávila Chassaigne y su empresa Ávila Ltda., quienes han sido objeto del desmesurado y cinematográfico operativo de la Fiscalía, el cual ha generado un impacto negativo y desagradable para una compañía y una familia que ha tenido un intachable comportamiento en la sociedad de La Guajira.

Nos atrevemos a hacer este pronunciamiento porque no hay cosa tan efectiva que un vecino que conozca los problemas del otro y dejando claridad que la familia Ávila Chassaigne, son los vecinos de la edificación en donde opera Diario del Norte, quienes como periodistas conocemos desde hace mucho tiempo las actuaciones empresariales de esta familia a quien la Fiscalía le quitó sin ninguna contemplación el rotulo de distinguida y honorable, tal vez protegiendo a quien le desconocemos su honorabilidad.

Como periodistas sabemos que un subcontratista de la empresa Ávila Ltda., no cumplió con el objeto del subcontrato ni hizo la devolución del dinero que le fue girado por el concepto de anticipo, por lo que la empresa hizo efectivas las pólizas de seguros y la aseguradora realizó el pago al afectado.

Como retaliación, el mencionado subcontratista formuló las denuncias en contra de Ávila Ltda., manifestando que en la ejecución de las obras había sobrecostos y se pagaban coimas, tal vez violando el derecho a la defensa y montando el costoso show sin conocer las pruebas que aportará la empresa para desvirtuar las infundadas imputaciones, por eso la Fiscalía profirió medidas cautelares con fines de extinción de dominio en contra de la empresa familiar, con un despliegue militar que alarmó a la ciudad de Riohacha porque se creía que se estaba tras la persecución de algún capo del narcotráfico.

Nosotros preferimos pensar que el ente acusador está siendo asaltado en su buena fe, y no que exista una macabra estrategia desde los oscuros intereses de quienes tienen dudoso comportamientos empresariales, afectando y arruinando la imagen de una compañía que ha sido muy exitosa en La Guajira y fuera del Departamento, bajo el liderazgo de una familia respetable que no tiene antecedentes judiciales, mucho menos de corrupción.