La intervención de la Superintendencia Nacional de Salud para realizar una auditoría a la Gobernación de La Guajira y a la Secretaría de Salud departamental, alertan sobre malas prácticas que ponen en entredicho el trabajo de los funcionarios de esas instituciones.
En un primer informe afirman que la Secretaría de Salud departamental no realiza la verificación correspondiente para que las EPS y su red de prestación de servicios garanticen la recuperación nutricional de los menores de cinco años que tienen desnutrición, que incluye la entrega de fórmulas terapéuticas y el seguimiento a su evolución una vez son dados de alta del hospital.
«Lo que estamos viendo en La Guajira es un incumplimiento generalizado de la prestación de los servicios de salud. Se ven malas prácticas sobre el manejo del recurso financiero y falta presencia permanente de ustedes verificando lo que está sucediendo», dijo el superintendente Nacional de Salud, Ulahy Beltrán López, refiriéndose a las entidades territoriales.
Otra obligación es la contratación del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PIC), que tiene que ver directamente con la promoción de la salud y la gestión del riesgo, labor que no efectúan de manera oportuna. Tampoco tienen un plan de asistencia técnica a los municipios del Departamento, ni el talento humano necesario para ejecutar sus acciones de gestión en salud pública.
Estas declaraciones son acusaciones delicadas que deben tener una respuesta de parte de la gobernadora de La Guajira, Diala Wilches, de la Secretaría de Salud, y de los entes territoriales.
Las afirmaciones del superintendente Nacional de Salud dan a entender que la Administración departamental no hace nada para proteger a los menores, y que es inoperante en las actividades que le corresponde desde la Secretaría de Salud departamental.
El silencio no ayuda ante semejantes acusaciones, la comunidad de La Guajira requiere de una explicación sincera punto por punto de las acusaciones por parte de sus autoridades, porque muy posiblemente podríamos estar nuevamente ante una intervención del Gobierno nacional al sector de la salud.