La decadencia de los personeros

Las funciones de las entidades que integra en Colombia el Ministerio Público compuestas por las Personerías Municipales, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, cada día que pasa sufren un desgaste ante los ciudadanos y con quienes deben ejercer la protección del interés público y la vigilancia de la conducta oficial.

Su calificación ante la percepción de los ciudadanos de bien se está aproximando a cero de manera vertiginosa. Desde la óptica de este editorialista, el Ministerio Público no deja de ser un fortín político desde el momento de su elección hasta el desempeño del elegido funcionario. Consideramos que hoy quienes integran en las entidades del Ministerio Público se encargan de privilegiar a los amigos del funcionario en turno y violando los derechos de quienes no hacen parte de la cofradía.

A través de Diario del Norte, hemos publicado que la elección de los 15 personeros en La Guajira ha tenido todo tipo de comportamiento anormal, producto de la puja interna y compromisos de quienes lideran la política en cada municipio. Muchos aspirantes a este cargo denunciaron irregularidades desde el recibimiento de la hoja de vida, elección de los entes que realizarán los exámenes de conocimiento y en algunos municipios predominó la tramoya, tanto que algunos candidatos a la Personería encontraron que sus derechos le fueron vulnerados y tuvieron que acudir a la acción de tutela para preservarlos.

Imagínese usted, un funcionario que tiene como función principal vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las decisiones judiciales y los actos administrativos y defender los intereses de la sociedad, se le viole la ley y sus derechos desde la postulación de su nombre, producto de los intereses politiqueros al interior del Concejo, el alcalde de turno o de los jefes políticos que quieren demostrar jerarquía en su jurisdicción.

En este país del Sagrado Corazón de Jesús, la Procuraduría que aconducta a los insurrectos administrativos, sanciona a enemigos de su sector político; una Defensoría del Pueblo instituida para la garantía y protección de los derechos humanos, su pasado defensor Jorge Armando Otálora le violó los derechos laborales a varios subalternos y fue acusado de acoso laboral y sexual, y un personero que ejerce vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas municipales, no la hace porque llega al cargo empeñado y le es difícil investigar la conducta a quien le debe los favores políticos.

Si quienes son elegidos para vigilar el ejercicio eficiente y diligente de las funciones administrativas municipales no hacen bien, decimos entonces que se convierten en unos calienta puesto y es donde somos del criterio que el cargo de personero engrosa el fortín político y su tendencia es desaparecer la posición de la misma forma como lo hizo Estado con las Controlarías Municipales que nada controlaban.