La decisión del Consejo Nacional Electoral

La decisión del Consejo Nacional Electoral de anular inicialmente 915 mil 853 cédulas por presunta trashumancia electoral de las cuales 32.231 corresponden a La Guajira, indica que definitivamente los electores no están aprendiendo la lección.

En el caso del Departamento, se confirmó que en todos los municipios se anularon inscripción de cédulas, es decir, no podrán ejercer el derecho al voto.

Podríamos decir que se hizo justicia frente a un tema recurrente en el territorio, cuando los propios ciudadanos se prestan a inscribir sus cédulas en municipios diferentes en el que residen.

El artículo 389 establece el fraude en inscripción de cédulas como tipo penal, el cual fue modificado por la ley 1864 de 2017 que indica: “el que por cualquier medio indebido logre que personas habilitadas para votar inscriban documento o cédula de ciudadanía en una localidad, municipio o distrito diferente a aquel donde hayan nacido o residan, con el propósito de obtener ventaja en elección popular, plebiscito, referendo, consulta popular o revocatoria del mandato, incurrirá en prisión de cuatro a nueve años y multa de cincuenta a doscientos salarios mínimos legales mensuales vigentes. En igual pena incurrirá quien inscriba su documento o cédula de ciudadanía en localidad municipio o distrito diferente a aquel donde haya nacido o resida, con el propósito de obtener provecho ilícito para sí o para terceros. La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta sea realizada por un servidor público.”

Es decir, está claro que la inscripción de cédulas para votar en un sitio diferente en el que siempre se ha ejercido el derecho al voto, se castiga ejemplarmente, por lo tanto los ciudadanos no deben prestarse para esas malas prácticas salvo que realmente esté viviendo en otro sitio y que lo pueda demostrar.

La decisión del Consejo Nacional Electoral, que es un nuevo campanazo, debe alertar a todas las campañas sobre los delitos electorales, para evitarse dolores de cabeza en el futuro. Es necesario crear consciencia sobre el tema porque en el país ya se conocen los primeros resultados como el caso de la senadora Aida Merlano, condenada a 15 años de prisión por la Corte Suprema de Justicia por compra de votos.