La desviación del arroyo Bruno

La audiencia pública senatorial que presidieron en Riohacha los senadores Jorge Enrique Robledo y Feliciano Valencia, dejó nuevamente en evidencia el rechazo de las comunidades, especialmente de las familias wayuú, a la desviación del arroyo Bruno.

La comunidad indígena volvió a protestar sobre la realización de la obra, toda vez que les sigue afectando en lo que tiene que ver con poder gozar de agua, que es la lucha permanente para sobrevivir en medio de una crisis en donde el Estado colombiano no los protege.

Nuevamente los indígenas wayuú rechazaron la forma como la empresa Cerrejón logró desviar el arroyo muy a pesar de la protesta pública, por eso seguirán dando la lucha para que finalmente la Corte Constitucional los proteja.

Para la Corte es claro que la solución del caso debe centrarse en la vulneración o amenaza de los derechos al agua, a la seguridad alimentaria y a la salud de las comunidades afectadas por el proyecto. Y si bien, el derecho a la consulta previa también había sido invocado, se estimó que frente a su análisis en sede constitucional cabía hacer dos tipos de consideraciones., como lo dejaron explícito en el expediente T-5.443.609- sentencia SU-698/17 (noviembre 28), con ponencia del magistrado Luis Guillermo Guerrero Pérez.

Cabe recordar que en su oportunidad líderes sociales wayuú como Lorenza Pérez Pushaina, José Miguel Vergara Pérez, Aura Robles y Misael Socarrás Ipuana, en representación de las comunidades indígenas La Horqueta, La Gran Parada y Paradero, a través de una acción de tutela alegaron que la intervención al arroyo debía considerarse como lesiva del ambiente, pues además de fracturar uno de los ecosistemas más escasos y frágiles del territorio nacional (corredor de bosque seco entre los Montes de Oca y la Sierra Nevada de Santa Marta), podría generar gravísimas alteraciones para la conservación del recurso hídrico y biótico en un contexto de cambio climático y, en consecuencia, amenazar el abastecimiento para las comunidades indígenas y otras poblaciones como los cascos urbanos de Albania y Maicao, que extraer el recurso mediante carrotanques.

La empresa Cerrejón, en tanto, considera que las obras de modificación parcial del arroyo Bruno en el proyecto la Puente, fue realizada bajo las mejores prácticas y estándares de ingeniería nacional e internacional, donde se movió 700 metros al norte en un tramo de 3.6 kilómetros, replicando las condiciones físicas y bióticas naturales en la cuenca baja del arroyo, en predios del área concesionada propiedad de la empresa.

Los indígenas seguirán en su lucha social, esperanzados en la decisión de la Corte Constitucional para que el arroyo recupere su cauce natural y la empresa defendiendo la obra realizada, toda vez que les permite reemplazar el cese de la producción de tajos cuyas reservas se agotarán en el corto plazo.