Históricamente el departamento de La Guajira se ha convertido en el primer laboratorio jurídico con el que hemos graduado a inexpertos abogados y los hemos convertidos en expertos juristas del derecho electoral con fallos a favor o en contra de los intereses de los aspirantes, el electorado y nuestra región. Con el laboratorio jurídico se han emitido doctrinas y jurisprudencias que han contribuido al estancamiento administrativo de los municipios y el Departamento, pero también en fallos que han cambiado el ordenamiento jurídico en materia electoral.
Más allá de las resoluciones judiciales, predomina en La Guajira la sed de venganza política, el hambre por hacer daño al contradictor y la hartura por generar el caos administrativo que satisface a quienes pululan con los comentarios, el chisme y los contertulios en las esquinas y los parques, pero lo contraproducente y aparte de afectar y traumatizar a una administración y el desarrollo de las obras, le genera fatiga a los habitantes que quieren que esto salga adelante, produciendo debilidad ante la credibilidad política nacional.
La Guajira está sitiada por las demandas electorales. Nos referimos a la elección de los personeros, algunos concejales y la mayoría de alcaldes. A estos no se le escapan los 11 diputados que hacen parte de nuestra Asamblea departamental, mientras que en el Consejo de Estado cursa una demanda de control de nulidad en contra del acto de elección de Nemesio Raúl Roys Garzón como gobernador de La Guajira para el periodo 2020 – 2023.
A costillas de nuestros demandados, se han emitido jurisprudencias que han servido de profundas transformaciones en el derecho electoral y el surgimiento de nuevos paradigmas relacionados con el papel de los partidos y movimientos políticos, lo cual ha provocado en administradores de justicia, tener una nueva visión del derecho y sus sucesivas interpretaciones. Me refiero al fallo de la exgobernadora de La Guajira, Oneida Pinto Pérez, cuyas jurisprudencias en su contra han permitido la expedición de nuevas doctrinas e interpretaciones, bajo la premisa de “protección de la democracia y la legitimación del poder constituido”.
Nosotros nos encontramos haciendo fuerza para que La Guajira no retome el sendero de las demandas, no satisfaga a quienes le apuestan al caos, inestabilidad política y el desgreño administrativo, que al final redundan en el mal desempeño de los alcaldes, concejales, diputados y el mismo gobernador de turno.
Aquí se presenta el doble discurso en donde el demandado les envía a sus electores y a la ciudadanía un mensaje de tranquilidad argumentando que sigue trabajando sin ninguna interrupción y en el fondo persiste el nerviosismo y la intranquilidad, pero para el demandante, se le abre una esperanza para llegar al cargo y recuperar el voto para el cual se postuló.