La intervención de la Superintendencia Nacional de Salud a través de un equipo auditor deja ver la crítica situación de las instituciones del departamento de La Guajira que tienen la responsabilidad por ejemplo de proteger a los niños y niñas wayuú, accionados por la Sentencia-T 302 de 2017 para evitar que sigan muriendo por desnutrición.
Los datos de ese ente de control son más que reveladores, pues deja al descubierto las deficiencias con que se presta en el Departamento el servicio a la comunidad indígena y vulnerable.
La situación es bastante delicada y compleja, que requiere de un serio análisis por parte de las autoridades de salud de La Guajira para poder encararlo a través de planes de mejoramiento que no queden en las gavetas de los escritorios como suele suceder.
Las cifras de casos de niños enfermos por desnutrición son alarmantes, pues el reporte puntualiza también que desde el 2022 y hasta la fecha se han reportado 684 casos por desnutrición en menores de cinco años, de los cuales 407 son niños y 277 niñas, de esa cifra 280 o sea el 40,9% se encuentran hospitalizados.
El informe auditor indica también que en lo que va corrido de este 2023, 27 menores indígenas han muerto por desnutrición.
La alerta de la Superintendencia no puede pasar de agache, pues de allí se van a derivar muy seguramente investigaciones en los entes de control como la Procuraduría, Fiscalía General y Contraloría.
No es la primera vez que la Superintendencia interviene al sector, pero sí que un equipo auditor especializado se haya dado a la tarea de realizar un trabajo más metódico durante una semana, cuyos resultados ya están en manos de los diferentes entes que manejan la Salud en La Guajira, para que tomen los correctivos del caso.
Las cartas están sobre la mesa, y desde la Gobernación de La Guajira se debe liderar ese análisis serio para determinar sus culpas y trabajar alrededor de una hoja de ruta que les permita salir de la encrucijada y garantizar la vida de los niños y niñas del territorio.
