La millonaria deuda de varias EPS con las principales clínicas de La Guajira, debe llamar la urgente atención del Ministerio de Salud y de la Superintendencia Nacional, para encontrar una solución y evitar que se suspendan los servicios a miles de ciudadanos que requieren ser atendidos por diversas patologías entre ellas por el mortal virus del Covid-19.
83 mil millones de pesos en deudas por servicios prestados es una cifra muy alta, que obviamente atenta contra el patrimonio de esas empresas, a quienes además les ha tocado realizar nuevas inversiones para poder contar con la infraestructura necesaria para atender a los pacientes afectados por el Covid-19.
Esa suma de dinero muestra otro agravante, que corresponden a 26 mil millones de pesos de EPS liquidadas por el Estado, y que nadie responde por esa deuda.
En una comunicación firmada por los representantes legales de las clínicas Cedes, Gyo Medical IPS SAS, Renacer, Someda y Sociedad Médica Clínica Maicao, advierten al Gobierno nacional y a la administración departamental, que solo podrían estar funcionando hasta el 15 de junio de este año, en perjuicio de toda una comunidad que llega a esas instituciones a buscar atención médica especializada, además de los pacientes afectados por la pandemia.
Esa alerta debe ser atendida inicialmente por las autoridades de La Guajira, puesto que sería lamentable que cinco clínicas dejen de atender por una deuda que las EPS no encuentran camino de pagar.
No se puede jugar con la salud de toda una comunidad, más cuando se está enfrentando un virus que sigue atacando y causando la muerte a seres queridos y amigos.
El llamado urgente a la Secretaría de Salud Departamental, que conoce en detalle la situación porque además la administración es la que sostiene la mayor deuda, para que realice las gestiones que sean necesarias y logre un encuentro con el Ministerio de Salud, para buscar los caminos que oxigenen económicamente a las empresas citadas y les permita seguir atendiendo a sus usuarios.
Permitir que estas cinco clínicas este 15 de junio dejen de funcionar sería catastrófico para el Departamento, pues está en juego la salud de una gran población que no tiene por qué pagar la ineficiencia de unas EPS que no responden por el servicio que se les presta.