Las EPS y la salud de los colombianos

Dijimos en alguna oportunidad sobre las claras advertencias de las diferentes enfermedades que sufrimos los colombianos, muchas de ellas que no son diagnosticadas a su debido tiempo y entre la política con la politiquería en el sector salud, se fue formando un tumor que nunca fue medicado y a través del tiempo se ha convertido en una diseminación cancerígena que se ha expandido entre todos los colombianos llamada corrupción, un cáncer que ha hecho metástasis en todas las esferas de los gobiernos que han pasado. Esa enfermedad se ha concentrado en los hospitales y las EPS, fortines politiqueros de los congresistas y haciéndonos un autochequeo, muchos de los hospitales de La Guajira y el país se encuentran en estado de coma, ya que a sus administradores y sus padrinos políticos los han tomado como la caja menor de cada gobernante, mientras que las ESP se han convertido en el dolor de cabeza de los pacientes que no atienden y para el Estado que no cuentan con los recursos necesarios para atender a los enfermos.

Quienes fueron detractores del Instituto de los Seguros Sociales (ISS), hoy se deben estar retorciendo en su propio dolor, teniendo en cuenta que los políticos del momento, los falsos mesías y algunos integrantes de sus sindicatos le apostaron a la liquidación de la entidad, dando al traste que el ISS se transformara en una entidad de derecho privado. Aquí si podemos decir que la medicina resultó peor que la enfermedad, debido a que en Colombia el aseguramiento de la atención en salud se encuentra en su mayoría en poder de las EPS, financiado y operado por un privado, situación que dificulta la buena prestación del servicio a sus usuarios, aclarando que hoy los beneficiarios del régimen subsidiado reciben un mejor servicio que los que pagan a través de las EPS.

La situación jurídica de las entidades promotoras de salud en Colombia dificulta que los pacientes tengan una buena atención y cuando uno cree que se encuentra con un servicio estable con la EPS que le correspondió, ellas entran en un proceso de liquidación, tanto que la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo han solicitado la intervención forzosa administrativa para liquidar a Medimás.

Si Medimás está incursa en todas las causales de intervención del Estado, entre ellas, la revocatoria del certificado de autorización para operar así como su respectiva liquidación, a donde van a dar los cientos de usuarios de esta EPS, ya que las entidades promotoras de salud que aún quedan autorizadas no quieren recibir a los pacientes, quedando el usuario pagando los servicios sin saber a dónde está afiliado, es decir, los usuarios de las EPS en liquidación tienen que pasar por el tráfico de influencia, he allí en donde nos preguntamos ¿a dónde quedan las obligaciones constitucionales y legales para evitar las afectaciones a los afiliados?