Invertir de manera legal en Colombia se ha convertido en el peor negocio, simplemente porque quien lo hace le corresponde afrontar tres grandes retos que al final se convierte en los enemigos del inversionista tales como la carga impositiva, la delincuencia organizada y falta de voluntad política del Gobierno nacional y local.
Quienes nos reunimos constantemente con los empresarios y con quienes quieren montar nuevas empresas, encontramos esa gran preocupación salpicada de pensamientos ilegales bajo la premisa que ser legal en Colombia es entrar en la lista de los perseguidos por las autoridades, mientras que por el otro lado hay algunos funcionarios del Estado que extorsionan al que está legal para recibir dádivas, sumándose una caterva de delincuentes bajo la constante extorsión y asaltos, pero quien actúa bajo la ilegalidad, no paga impuesto, es poco atractivo por las entidades, esporádicamente es perseguido por los funcionarios de las entidades oficiales y en pocas ocasiones es sometido a las atrocidades de la delincuencia.
Las cifras en Colombia así lo dicen, vender un peso en un establecimiento legalmente constituido con todos los parámetros que la ley representa un 70% de carga impositiva y queda un 30% para los pagos de servicios, siendo más costoso el de energía eléctrica, llegando a una mínima rentabilidad al inversionista que debe pensar en la extorsión de los funcionarios de las entidades que persiguen a los legales y el riesgo de la delincuencia. Vender un peso como persona natural representa un 50% de carga impositiva, disminuyendo el riesgo de persecución de las entidades, los funcionarios y la delincuencia, siendo aquí en donde se fomenta la informalidad, ya que el empresario o inversionista se convierte en el principal trapecista financiero. Vender un peso amparado en el manto de la ilegalidad no tiene registro de carga impositiva, aumentando la rentabilidad del negocio y al final se convierte en un juego de azar que al momento de ser sorprendido como evasor tiene su respectiva sanción.
No se trata de hacerle apología al delito, pero los enemigos del inversionista o del empresario es el mismo Estado quien se encarga de perseguir a quienes tributan y desconocer a quienes están en la informalidad, pero revisando los sistemas impositivos de otros países, encontramos que Colombia está renqueado en el cuarto lugar con los sistemas impositivos más alto del mundo disfrazado por el proceso de paz y el posconflicto.
Es paradójico pensar así, pero es una triste realidad. Esto sin incluir que en los municipios la inversión depende de la voluntad política de los gobiernos locales en la autorización de los establecimientos comerciales. Para quien se encuentra galopando en la legalidad no hay apoyo institucional, el comerciante es sometido a la inseguridad galopante y las alta tarifas en los servicios públicos acompañado de la mala calidad. Le corresponde al Gobierno nacional revisar lo que está pasando con los enemigos de los inversionistas.