Los feminicidios

El asesinato en La Guajira de tres mujeres, dos de ellas de la etnia wayuú, en menos de 48 horas, generó el rechazo generalizado de toda la comunidad, que exige a las autoridades competentes se capture a los responsables y se les castigue con todo el peso de la ley.

Organizaciones sociales, se han venido expresando de diferentes maneras, desnudando una situación de violencia al interior de muchas familias que requieren la urgente intervención no solo de las autoridades, sino de diferentes organismos e instituciones que brinden información de primera mano para evitar que las agresiones continúen.

Es urgente que se adopten medidas que garanticen que esos hechos no se repitan, y que se implementen las herramientas que sean necesarias para la prevención de la violencia en contra de las mujeres.

También es prioridad, que la hoja de ruta definida por las instituciones para atender esos hechos violentos, se difundan al interior de las comunidades utilizando todos los medios de comunicación para lograr masificar los mensajes.

Los colectivos de mujeres, exigen que los contenidos que se trabajen sean en la lengua materna, en el caso de las comunidades wayuú, para poder divulgar, promocionar y prevenir los actos violentos que no se deben permitir bajo ninguna circunstancia.

Es perentorio también, que instituciones como la Fiscalía General de la Nación, asuman las investigaciones que correspondan para poder establecer las causas de los ataques, pero también para capturar a los responsables pues lamentablemente muchos de ellos siguen en libertad.

El Gobierno departamental, y los territoriales, deben definir ciertas acciones para garantizar la vida de tantas mujeres que siguen luchando para que se les respete, muchas de ellas asumiendo el rol de papá lo que les hace más difícil su labor de educar a sus hijos para formarlos como personas de bien.

En Colombia, el feminicidio fue tipificado como un delito autónomo de acuerdo a la ley 1761 de 2015, que lo define como el asesinato de una mujer por su misma condición o por motivos de género, tipo penal que será agravado cuando lo comete un servidor público, o cuando la víctima sea menor de 18 años o mayor de 60, sea cometido por varias personas, le anteceda una agresión sexual o sea perpetrado por la pareja o expareja de la víctima.