Muy mal momento pasan los médicos de La Guajira, que prestan sus servicios en hospitales como San José de Maicao y Armando Pabón López de Manaure, por la falta de pago a los servicios que prestan.
Salarios atrasados y vacaciones que no se pagan, es el diario vivir de quienes prestan un invaluable servicio a la comunidad, pues uno de sus objetivos es salvar vidas, suficientes argumentos para que se les garantice un pago oportuno.
La situación económica de estos dos hospitales no es ajena a otros, razón por la cual el Gobierno departamental de La Guajira debe generar un diálogo franco con los gerentes de los hospitales y el Ministerio de Salud, para determinar la mejor salida a la crisis.
Es importante también que se exija al Ministerio de Salud el pago de los servicios que prestan los hospitales a la población migrante para evitar que la deuda siga creciendo, toda vez, que la atención en salud no se puede dejar de prestar a los hermanos de Venezuela.
De acuerdo a la Supersalud, solo el gobierno de La Guajira adeuda al Hospital San José de Maicao, más de $38 mil millones, de los cuales $6.400 millones corresponden a población pobre no asegurada y los restantes $31.372 millones a la prestación de servicios dados a la población migrante.
La misma Supersalud advierte que se trata de una deuda que se ha ido acumulando en los últimos 4 años, y que se ha agravado por la falta de pago del ente territorial, a pesar de los esfuerzos del hospital a través de la interventoría por conciliar la cartera, mediante el cobro en las diferentes instancias sin un resultado positivo hasta el momento.
De ser ese el monto, más de $38 mil millones de deudas del Gobierno departamental con el hospital de Maicao, le corresponde entonces buscar las alternativas de solución para el giro de los recursos a pesar de la limitante Ley 550 en la que se encuentra inmersa la administración departamental.
Es importante también que se analice la situación del hospital de Manaure, puesto que su crisis económica se agudiza y es muy probable que les toque acogerse a la Ley 550, si se quiere garantizar un pago oportuno a sus médicos y personal administrativo.