Orden en la casa

A solo dos meses de terminar el actual periodo de gobierno, corresponde al gobernador (e) y a los 15 alcaldes junto a sus secretarios de despacho trabajar para dejar la casa en orden a quienes asumirán a partir del 1 de enero de 2020.

Es abundante la información que deben entregar a quienes les suceden en los cargos, la cual debe corresponder a cada una de los proyectos que trabajaron en estos 4 años de periodo que culminan el 31 de diciembre de 2019.

En razón de ello, deben asumir con absoluta responsabilidad y juicio, además de manera detallada la entrega de cada documento, carpeta que dé cuenta de cómo se manejaron los proyectos y el estado en que quedaron, para evitar lo que siempre sucede cada vez que se da un cambio de gobierno: los documentos terminan perdiéndose.

La administración es una sola, los documentos hacen parte de la institucionalidad y no de la persona que ocupa el cargo, y por lo tanto debe reposar en las oficinas, llámese Gobernación o alcaldías.

Es necesario dar ejemplo de responsabilidad y sentido común, de dejar todo claro y documentado para evitarse dolores de cabeza más tarde.

La ley 52 de 1994, en su artículo 39 numeral 2, señala: “Una vez elegido el alcalde o el gobernador respectivo, todas las dependencias de la administración territorial y, en particular, las autoridades y organismos de planeación, le prestarán a los candidatos electos y a las personas que estos designen para tal efecto, todo el apoyo administrativo, técnico y de información que sea necesario para la elaboración del plan”.

La resolución organiza 5544 de 2003 emitida por la Contraloría reglamenta la rendición de cuentas, revisión y unificación de la información que se presenta a la Contraloría.

Y la ley 951 de 2005, tiene por objeto fijar las normas generales para la entrega y recepción de los asuntos y recursos públicos del Estado. Establece la obligación para que los servidores públicos presenten al separarse de sus cargos o al finalizar la administración, según el caso, un informe a quienes los sustituyan legalmente en sus funciones, de los asuntos de su competencia, así como de la gestión de los recursos financieros, humanos y administrativos que tuvieron asignados para el ejercicio de sus funciones. Define el proceso de entrega y recepción de los asuntos y recursos públicos.

Es decir, es una obligación que los servidores públicos entreguen cuentas claras a quienes los reemplazarán en los cargos por elección popular, ya sea a la Gobernación o alcaldías.