Las operaciones de las dos grandes empresas instaladas en La Guajira en calidad de generadoras de empleo, se encuentran paralizadas por reclamaciones de terceros, pero mientras tanto la exportación de Carbón por parte de Cerrejón y el despacho de la sal apilada en Salinas de Manaure, están paralizadas por una serie de bloqueos que realizan particulares, situación que ha semiparalizado la economía de los trabajadores que formalmente pertenecen a estas empresas y que son ajenos a los reclamos de los particulares.
Estamos hablando que las dos empresas que hoy están paralizadas en su producción agrupa a más de 10 mil trabajadores que hacen parte del núcleo y el sustento familiar, y de ese grueso de empleados dependen otros que hacen parte de la economía formal o informal de ese salario que reciben.
Los bloqueos en las dos empresas guardan relación. Con el Cerrejón, extrabajadores tienen bloqueada la línea férrea pidiendo el reintegro laboral; y en Sama son los trabajadores del operador Big Group que realizan los bloqueos al interior de la empresa dueña del título minero, exigiendo la vinculación directa a Sama muy a pesar de que no son empleados de la entidad. Casualmente las dos manifestaciones afectan la producción de las dos compañías, de los contratistas y los ingresos de los empleados directos que no hacen parte de estos bloqueos
Muy independiente de los derechos y las razones que tengan los manifestantes de las dos empresas paralizadas, creemos que sus reclamaciones representadas en los bloqueos, son situaciones que se pueden dirimir en los estrados judiciales y no por las vías de hecho. Mientras que por el otro lado, las autoridades han sido débiles en proteger los derechos productivos de las empresas paralizadas y son las mismas autoridades que no están garantizando el trabajo y los ingresos de las personas que legal y laboralmente tienen vínculos con las compañías afectadas por terceros.
Casualmente las dos parálisis en la producción ocasionadas por terceros datan desde el 2020, convirtiéndose en un círculo vicioso que al final le está generando al inversionista un fastidio, como es el caso de Cerrejón que cerró el año anterior con una huelga obrero – patronal de 91 días; luego entró una parálisis de 40 días para la adaptación de las normas de bioseguridad y seguidamente los particulares han hecho una serie de bloqueos reclamando sus derechos sociales que los debe resolver la Alcaldía, Gobernación o el Gobierno Nacional, y no Cerrejón a quien siempre afectan con el bloqueo de su línea férrea.
Mientras que en Sama los problemas también datan desde el 2020, aunque este mes personal de Big Group vienen de manera reiterada realizando bloqueos al interior de Salinas de Manaure, exigiendo su vinculación laboral.
Son situaciones recurrentes que preocupan al inversionista y aleja a quien tiene interés en invertir en La Guajira y al fin termina afectando las oportunidades laborales en el futuro por la inseguridad productiva de la empresa privada en el Departamento.