Requerimientos de la Corte Constitucional

Nuevamente la Corte Constitucional requirió a los distintos estamentos del Gobierno nacional de la administración de La Guajira, del Distrito de Riohacha y de las Alcaldías de Manaure, Uribia y Maicao, para que informen con evidencias los avances de la Sentencia T-302 de 2017, que busca garantizar la vida a los niños, niñas y jóvenes para evitar que sigan muriendo por desnutrición.

La Sala Octava de la Corte Constitucional, en reunión del pasado 21 de julio de 2021, con todos los actores que tienen que ver con el cumplimiento de la sentencia citada, logró evidenciar los pocos avances en su cumplimiento, razón por la cual ordenó las pruebas y la entrega de información precisa y oportuna.

La Sala requirió al Ministerio del Interior para que remita la copia del registro audiovisual donde conste el proceso de divulgación y traducción de la sentencia en wayuunaiki, denotando su comunicación de forma oral, que debe generar un diálogo genuino en la implementación de los objetivos constitucionales mínimos y las necesidades de la población wayuú.

También deberá pronunciarse sobre lo señalado por Javier Rojas (pueblos étnicos) en la sesión técnica virtual del 4 de junio de 2021, precisando qué solución o método de divulgación ha implementado para garantizar la divulgación oportuna y efectiva de la sentencia en las comunidades, particularmente en aquellas rancherías que no tienen acceso a la tecnología o a energía eléctrica.

Ordenó a la Consejería Presidencial para las Regiones, la documentación que le permita a la Corte evidenciar en qué ha radicado la demora para la realización de la consulta previa de las comunidades indígenas involucradas, además cómo se han materializado las 207 acciones y la inversión de los 1.6 billones de pesos, información que deberá ser relacionada en un cuadro sinóptico que evidencie el cumplimiento de cada una de las órdenes generales contenidas en la Sentencia T-302 de 2017.

Es decir, los magistrados tienen claro que los niños, niñas y jóvenes de La Guajira, no cuentan con la debida protección para garantizarles la vida, a pesar de la sentencia.

Han pasado cuatro años y aún los menores mueren por factores asociados a la desnutrición, puesto que los esfuerzos de las instituciones resultan débiles para protegerlos.