Sanción a EPS

La reciente decisión de la Superintendencia Nacional de Salud, de sancionar con multa de más de dos mil millones de pesos, a la EPS Asociación Indígena del Cauca, por la muerte de cuatro menores con diagnóstico de desnutrición aguda, debe llamar la atención de las autoridades de Salud de La Guajira, para entender que es necesario seguir trabajando para preservar la vida de los niños.

Si bien la sanción no devuelve a la vida a estos cuatro menores, sí debe generar en quienes trabajan alrededor de la salud, redoblar los esfuerzos para garantizar la vida de todos los niños que siguen en el territorio sobreviviendo a una serie de dificultades, entre ellas no tener acceso al agua potable.

De acuerdo a la Superintendencia, la EPS sancionada incurrió en infracciones al sistema de salud, es decir, la muerte de los menores eran evitables si se hubieran realizado acciones articuladas entre IPS y Eapb, para una adecuada y oportuna detección temprana y protección específica, atenciones oportunas y con adherencia a las guías de manejo de las morbilidades presentadas.

De acuerdo a la entidad, los hallazgos denotan deficiencias en la gestión del riesgo por parte de la EPS, que es responsable de la calidad, oportunidad, eficiencia e integralidad en la atención en salud de su población asegurada.

Es urgente entonces, que desde la Administración Departamental se genere todo un proceso que lleve a la adecuada protección de los menores para garantizarles un crecimiento sano, como ellos se lo merecen.

Se reconoce que no es fácil abordar tan complejo tema inicialmente por lo disperso del territorio, y la dificultad de acceso a agua potable y alimentos, pero los esfuerzos deben seguir porque no es justo que los niños indígenas mueran por factores asociados a la desnutrición.

Esto debe llamar la atención del Gobierno nacional, departamental y los entes territoriales en el cumplimiento de la Sentencia T-302 de 2017, donde la Corte Constitucional declaró el estado de cosas inconstitucional para proteger a los niños, niñas y adolescentes, es decir, todas las instituciones deben garantizar la vida de los menores, para lo cual identificó unos responsables con las actividades que deberían realizar. Sin embargo, pasado cuatro años los avances son mínimos.