Sentencia T-302 de 2017 ya tiene plazo de cumplimiento

En el 2017 y con la publicación de la sentencia T-302, parecía que por fin se le hacía justicia a los miles de niños wayuú que habían perdido la vida en La Guajira por culpa de la desnutrición y otras enfermedades.

Era hora de comenzar a organizar la casa en términos presupuestales, de dar orden a los planes territoriales y cumplir con los objetivos fijados en la sentencia, pero el tiempo pasó y no se vio ningún avance.

Era de esperarse, pues estábamos en la recta final del periodo presidencial de Juan Manuel Santos y en la región se vivía una ingobernabilidad con la destitución y cambio de gobernadores, que evidenciaba el poco interés por la implementación de la sentencia; mientras la región se estabilizaba, los niños tristemente seguían muriendo.

Con el cambio de gobierno, una nueva era daba comienzo para impulsar la sentencia T-302 de 2017 en el territorio, pero entender la sentencia y lograr implementarla, iba a necesitar una serie de reuniones y comisiones que se encargarían de estudiar la mejor manera de crear un plan de acción que le diera curso y cumplimiento.

Sin embargo, la sentencia no estaba sola, ya que desde su creación se había conformado un grupo de seguimiento especial y vigilancia, que eran los impulsores internos de esta sentencia para que no quedara solo en el papel, sino que se le diera vida en la región.

Fue así que el 18 de julio 2019 y luego de la revisión de la prórroga solicitada por la Presidencia de la República, al revisar el expediente y al no encontrar favorabilidad en las acciones, el Tribunal de Riohacha, encabezado por el magistrado John Rusber Noreña citó a una audiencia pública al Gobierno para determinan el avance de los planes de acción para La Guajira y el cumplimento de la sentencia T-302 de 2017.

La primera audiencia se realizó el 6 de diciembre de 2019, con la presencia del delegado del presidente Iván Duque como el  encargado de demostrar los avances del cumplimiento de la orden judicial. Cabe resaltar que semanas antes de la audiencia, el Gobierno instalaba apresuradamente, mesas de diálogo con las comunidades para intentar socializar el documento, pero estas fracasaron, pues las comunidades exigían más tiempo de planeación y diálogo genuino.

De esa primera audiencia se dio paso a una segunda, el 6 de marzo de 2020, y nuevamente ante el magistrado Noreña solicitaron una prórroga que se debe cumplir este 9 de marzo donde se esperaría que el Gobierno nacional presente el Plan de Acción ligado a los planes de desarrollo de las Alcaldías y la Gobernación, quienes debieron de manera obligatoria, articularlos de acuerdo a los lineamientos planteados en la sentencia, porque de no ser así, no se contaría con los recursos para la financiación de obras que presente el Gobierno en su plan global.