Todos somos el pueblo

Basado en el derecho fundamental a la reunión y la protesta pacífica que tenemos todos los colombianos para exigir y lograr que el Estado convierta en realidad nuestras exigencias y elimine lo que nos pueda afectar, aplaudimos a quienes han marchado en forma tranquila y civilizada para que cada protesta se haya convertido en un medio de comunicación para expresar al alto gobierno lo que nos aqueja. Pero también nos agrada que esa expresión popular haya sido el escenario natural para fomentar nuestra cultura mediante actividades en el inicio o en el final de cada manifestación. Rechazamos que algunas protesta hayan cambiado sus objetivos para fomentar la destrucción de la propiedad pública y privada cuyos hechos vandálicos no dejan de ser un detonante en la alteración del orden público y un impacto negativo para una deprimida economía que no está pasando por sus mejores momentos debido a las consecuencias de la pandemia del Covid-19.

Las marchas en medio de las reclamaciones se deben convertir en una demostración de civismo, se deben lanzar las consignas que dieron origen a la manifestación, se deben  escuchar las ideas de quienes lideran los procesos, pero no se debe fomentar y acolitar la destrucción a los bienes ajenos ni los ataques entre los participantes. La confrontación de ideas no puede pasar al enfrentamiento entre policías y estudiantes, entre manifestantes y autoridad o entre nosotros mismos, debido a que todos los que estamos en las calles somos parte del pueblo, así tengamos posiciones  y responsabilidades diferentes muy a pesar de hacer parte de un grupo homogéneo de personas; mejor dicho, que la confrontación de ideas no termine en batallas campales engrosando el número de lesionados o muertos.

La ‘sociedad de masas’ tiene derecho a seguir luchando si así lo consideran sus organizadores, porque no se han cumplido las exigencias que han hecho mediante la protesta, pero no se pueden materializar con vandalismo y la destrucción de los bienes comunes y privados en donde aparte de generar el caos, agudiza la economía formal e informal, afecta  el empleo y genera el caos.

El derecho a la protesta no puede convertirse por parte de la autoridad en atropello a los derechos fundamentales que tenemos las personas, no nos pueden cohibir al derecho que tenemos de reclamar lo que nos corresponde, lo que nos pertenece o lo que nos prometieron, hay que negociar con el Estado lo que el gobierno quiera imponer y  que nos afecta. 
  Los excesos de la Fuerza Pública  no se pueden convertir en una batalla campal, no se puede convertir en una violación a los derechos humanos y en la eventualidad que así ocurra,  deben operar los entes encargados para que castiguen a quienes infringen la ley.
   Los manifestantes podemos alzar la voz, pero las autoridades no pueden agredir al ciudadano por expresar lo que le aqueja.  No olvidemos que quienes estamos en la calle somos pueblo y el pueblo no puede agredir a su propio pueblo.