A través de los años los debates electorales y las controversias jurídicas y judiciales han transformado a nuestro Departamento en el principal laboratorio jurídico del país, posicionando a candidatos, funcionarios y abogados en unos expertos juristas del derecho electoral, cuyos fallos en favor o en contra de los intereses de los aspirantes y de nuestra región se han convertido en doctrinas y jurisprudencias que favorecen o afectan a una persona en particular.
Desde nuestra prudencia y ante las nuevas circunstancias que rodean algunos candidatos en el Departamento y en medio de la andanada de denuncias, la defensa por el derecho político de nuestros candidatos ha traspasado las barreras del derecho transnacional, desnacionalizando la defensa y poniéndola en el rasero de las entidades internacionales defensoras de los derechos humanos.
Aplaudimos el hecho que algunos candidatos en el Departamento acudan a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, bajo el entendido de que en Colombia algunos administradores de justicia al momento de la actividad decisoria hacen fallos incongruentes, es decir, en Colombia las resoluciones judiciales pueden ser ‘extra petita’, pronunciándose por fuera de la denuncia o al margen de lo que generó la controversia, mientras que utilizando una corte internacional el administrador de justicia puede fallar bajo la figura ‘ultra petita’, más ajustado al derecho, sin apasionamiento político, e inclusive, más allá de lo que fija la ley, tal como ocurrió con la sentencia que declaró la responsabilidad internacional del Estado colombiano por las violaciones a diversos derechos en perjuicio de Gustavo Petro, hoy presidente de Colombia.
Todo lo anterior me hace pensar que en Colombia “la justicia cojea” y que los administradores de justicia se pueden equivocar en contra de quienes le violan el derecho, que los administradores de justicia tienen corazón para quien tienen que ayudar, que los administradores de justicia tienen partidos políticos y que en Colombia existe una dualidad normativa que los obliga a practicar dualismo jurídico, propio de la debilidad del sistema judicial.
No estamos tratando de decir que los jueces internacionales saben más de derecho que los colombianos, pero en el “pienso y luego existo”, considero que en Colombia los fallos son políticos y los de afuera son ajustados al derecho, entonces, es allí en donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos le dijo a los jueces que empapelaron a Gustavo Petro, que en Colombia existió “vulneración de derechos por parte de determinados sujetos”, además existió “la imposibilidad del Estado, a través de sus instituciones, de corregir esa anomalwía es un asunto de extrema importancia para el derecho en general y para los juristas en particular”.
De seguir las dudas en los fallos, creemos justo que acudamos a las instancias internacionales porque en Colombia “al caído hay que caerle”.
