Un conflicto de 91 días

Celebramos con gran júbilo que la empresa Cerrejón y Sintracarbón hayan llegado a un acuerdo en la firma de la nueva Convención Colectiva de Trabajo, vigente entre el 1 de julio de 2020 y el 31 de diciembre de 2023. Interpretamos que se trata de un acuerdo obrero-patronal de 30 meses de tranquilidad laboral que tendrán las partes firmantes para recuperar lo dejado de producir durante 91 días de huelga y cuyo acuerdo, de una manera directa e indirecta, beneficia a contratistas, subcontratistas y aquellos que hacen parte de la economía formal o informal.

 Independientemente a las vicisitudes e intríngulis que se hayan presentado durante la negociación, es el momento que los firmantes del acuerdo,  echen pa’ lante la convención laboral entre los trabajadores afiliados al sindicato y Cerrejón, y en donde muy a pesar de haberse presentado una parálisis en las actividades productivas que afectó la economía de las partes y las regalías para el Departamento, hoy a Dios gracias pudieron llegar a un buen entendimiento. Cualquiera que sean los calificativos que los particulares le hayan dado a la interrupción colectiva de la actividad laboral al interior de la empresa Cerrejón, cada quien se encontraba en sus derechos de exigir y aceptar la propuesta de la parte contraria. 

 Socialmente no podemos calificar que después del acuerdo no hay vencedores ni vencidos; cada quien desde su punto de vista sabrá qué perdió y qué ganó. Es por eso, recomendamos a los particulares que las consecuencias económicas de una huelga es una cosa y lo acordado entre sindicato y empresa es otra, por lo tanto, debemos respetar los acuerdos celebrados, teniendo en cuenta que lo que se conoce como Convención Colectiva de Trabajo, no deja de ser un acto jurídico plurilateral, solemne, de orden público que está protegido por la Constitución Política y el ordenamiento legal con estricto cumplimiento por quienes suscribieron dicho acuerdo. He aquí en donde decimos que cualquier pronunciamiento que haga un particular en contra  de lo allí pactado, no dejaría de ser una intromisión inoficiosa.

 Posterior a la interrupción colectiva de la actividad laboral al interior de la Mina del Cerrejón con Puerto Bolívar, los particulares debemos exigirle a los gobernantes, cuáles son las políticas que van a implementar para que se logre reactivar la economía de unos municipios y un departamento que estuvo en contracción económica y social generada por la parálisis que duró 91 días y sumado a los efectos del Covid.

Sin ser el editorialista un gurú en temas económicos, los gobernantes tienen que presentar acciones para recuperar el desplome en el comercio formal e informal que se encuentra apalancado por la pandemia y esto mismo aceleró el desempleo. Creemos que las alcaldías de La Guajira que son las encargadas de la alícuota tributaria, deben promover los alivios tributarios durante los meses de diciembre, enero y febrero, mientras se reactiva la economía en nuestro Departamento.