El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –Icbf–, es una entidad que en la Sentencia T-302 de 2017, la Corte Constitucional la considera estratégica en la superación del estado de Cosas Inconstitucional en La Guajira y en la pervivencia de los niños y niñas wayuú, con la responsabilidad de ampliar la cobertura de protección integral y la garantía de derechos de las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y familias, así como las disposiciones que demarcan su competencia, relacionados en la Ley 7 de 19791, el Decreto 987 de 20122 modificado por el Decreto 879 de 20203, el Decreto 936 de 20134 y complementarios.
La semana pasada una de esas alarmas y que encendió los comentarios de lado y lado fue el tan sonado empalme en el Icbf y la presentación del déficit presupuestal en la misma entidad. En documento presentado por la comisión de empalme sobre lo evidenciado durante el trabajo al interior de la institución, se evidenciaron cerca de 154 situaciones que ameritan revisión especial y que se encuentran adjuntas en el documento entregado por el comité de empalme; y de ellas, 32 situaciones especiales que ameritan revisión prioritaria.
En el documento se concluye en uno de sus componentes, que se han encontrado especial preocupación en lo que hace referencia a contar con un sistema de protección integral de la niñez. Se evidencia en el empalme que hay preocupación en el presupuesto, los contratos por prestación de servicios de más de 5 mil contratistas y los millonarios convenios como el de la Bienestarina.
De manera adicional, el comité de empalme no pudo acceder a la información que solicitó para acceder a información como el número de peticiones de restablecimiento de derechos de niños, niñas y adolescentes pendientes por verificar por parte de la Defensoría, ni tampoco y más grave aún, en una región como La Guajira cuántos niños fueron encontrados fallecidos a consecuencia de la tardía verificación de derechos por parte del Icbf, lo que nos evidencia la falta real de conocimiento de los niños que mueren en territorio sin que sean reportados en las tablas oficiales del Sivigila y que no se cuente con algún control efectivo de la información al interior de las comunidades.
Durante la sustentación del presupuesto 2023, el director (e) Gustavo Martínez se refirió a como lo reportaron las medios nacionales “las dificultades que reportaba el Icbf, debido al que el Departamento de Planeación Nacional de Duque no aprobó el presupuesto que requería el instituto con lo cual no se puede ampliar la atención a la población infantil y juvenil, sino que no hay dinero suficiente para cubrir la que ya se está dando”.
Según lo presentado en la comisión en la atención a primera infancia existe un déficit de $231.854 millones que son para cubrir la reposición de dotación en las unidades de servicio, 20 días de atención en servicio comunitario para $595.228 niños y 8 días de atención en servicios integrales, en el programa de infancia se necesitaría $7.418 millones para la atención de 15 días dentro de los programas étnicos, explora y Katuna y en adecuación de infraestructura se requeriría un fortalecimiento de $35. 544 millones.
Este “fortalecimiento”. como lo llama el director Martínez en su exposición, sumaría en $ 461.032 millones. Es decir, la solicitud para el cubrimiento integral de los programas que ya existen es de $8.224.821 millones y lo que está contemplado para el 2023 sería una asignación de $7.763.789 millones.
Días después de lo emitido en su presentación frente a la comisión séptima, el director (e) en documento publicado en el portal de la institución indicó que “el Icbf” no está desfinanciado” sin embargo recalcó “como todos los años, se hace gestión de más recursos lo cual se ve reflejado en la solicitud que se realiza al ministerio de hacienda”. Finalmente, la partida se incrementó a $8.5 billones inferior a los $8.9 billones que requiere la entidad, para ampliar su cobertura de atención a la infancia y desplegar actividades para la prevención de la desnutrición en el país. Lo anterior implica que el Icbf tendrá limitadas sus capacidades para actuar con solvencia, por las restricciones presupuestales que representan de $400 mil millones.
De acuerdo al comunicado con la proyección del presupuesto 2023, el Icbf invertirá más de $5 billones en la atención integral para la primera infancia; $1 billón para protección de niños, niñas y adolescentes vulnerados en sus derechos; y otros $379.000 millones en programas de prevención de la desnutrición en niños y niñas menores de 5 años y mujeres con bajo peso, entre otras acciones.
Si analizamos las proyecciones para el 2023, La Guajira requeriría un alto porcentaje de esos recursos para subsanar el déficit que se presenta en la atención de la población infantil y cobertura de los programas ya existentes en la península, eso sin contar con los recursos que se deben asignar para el cumplimiento del plan de acción de emergencia que se debe construir en los próximos dos meses y que se debe ejecutar en el 2023 para salvar la vida de los niños y niñas wayuú del Departamento ordenado por la Corte Constitucional en el Auto 696 del 2022.
Cabe anotar dentro de los cambios que se están proyectando con el nuevo Gobierno la implementación de manejo del PAE para lograr una nutrición real y que sea manejada por las asociaciones de padres de familia para garantizar que los niños tengan una alimentación real que llega a los colegios dejando de ver este recurso como un complemento alimentario sino como una alimentación real.
Así las cosas, la puja y la pelea está en que tantos recursos puede jalonar el nuevo gobierno con la nueva reforma tributaria y cuál será la ampliación real del presupuesto para cada uno de los Ministerios e instituciones del orden nacional y cuál va a ser la distribución a cada una de las regiones. Hay que resaltar también que la asignación presupuestal no garantiza la efectividad de los programas, en el caso del Icbf, si no se logra reducir de manera efectiva la mortalidad de los niños y niñas wayuú a la media nacional o por debajo de esta la inversión será considerada como una mala ejecución de los recursos.
Como van las cifras y en lo que cierra el 2022, las muertes por enfermedades relacionadas a la desnutrición que se registran de manera oficial a semana epidemiológica # 32 se reportan 43 niños muertos con lo que se superan los 41 registrados en la semana 53 del 2021. Es decir, las acciones implementadas actualmente por todos los actores presenten en La Guajira no están siendo efectivas en la región.
Por eso la importancia de la gestión y no disminución de los recursos para el presupuesto del 2023, la realización efectiva de una línea de base tal como lo estipula el Auto 696 del 2022 y una planificación Nacional y territorial para que los recursos destinados sean efectivos, bien ejecutados y no se queden en los pagos de una inflada nómina burocrática que no permite el impacto real en los beneficiarios que lo necesita para no seguir muriendo en la clandestinidad.
Fuente: Veeduría ciudadana para la implementación de La Sentencia T-302 de 2017.
