Tribunal Superior del Distrito Judicial de La Guajira toma medidas de fondo para garantizar derechos humanos de los internos de la cárcel de Riohacha

La Guajira

El Tribunal Superior de La Guajira, con ponencia del magistrado Jaime Antonio Movil Melo, tomó medidas de fondo para proteger la vida de los internos de la cárcel judicial de Riohacha, en respuesta a una acción de tutela interpuesta por el expersonero de Riohacha, Hugues Ariza Tatis, contra el presidente de la República, la ministra de Justicia, la Defensoría del Pueblo, el Instituto Penitenciario y Carcelario y otros.

En ese sentido, se confirmó la sentencia proferida por el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Riohacha, al haberse demostrado la subsistencia de un Estado de Cosas Inconstitucional en la cárcel de Riohacha y la necesidad de aplicar las reglas de equilibrio decreciente con el fin de salvaguardar los derechos fundamentales a la vida digna, integridad física, dignidad humana, salud e igualdad.

Se ordenó a la Defensoría del Pueblo, al director del establecimiento carcelario y al juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Riohacha, que a partir de las 48 horas siguientes a la notificación del fallo, inicien de manera conjunta una brigada de los procesos que estén a cargo del juez de Ejecución de Penas, para establecer cuáles condenados cumplen con los requisitos para la obtención de la libertad condicional y prisión domiciliaria, con el fin de tramitarlas de manera preferencial e inmediata, para lo cual se les otorgará tres meses.

Se ordenó también al director del establecimiento carcelario, que dentro del término de 30 días realice un informe donde precise la relación de las personas que tienen la calidad de detenidos provenientes de cada uno de los 15 municipios que conforman el departamento de La Guajira, el cual deberá actualizarse mensualmente para que a partir de allí se efectúen los mecanismos administrativos y presupuestales para incluir en su plan de desarrollo y el presupuesto de gastos con vigencia a partir del año 2021, las partidas correspondientes a la obligación con el sistema penitenciario y carcelario del cual hacen parte los municipios en cumplimiento del artículo 19 de la ley 65 de 1993.
También solicitó al director del Inpec, el aumento del personal adscrito a la cárcel de Riohacha, específicamente en 10 funcionarios para que cumplan la función de los traslados de los internos a las diferentes audiencias judiciales y para la vigilancia de las detenciones y prisiones domiciliarias, como también al director Nacional del Inpec, para que gestione tres vehículos para el transporte de internos.

Demandó del director del Inpec y del Uspec, que realicen los trámites administrativos presupuestales de contratación y finalización de la obra sobre el peritazgo de las cargas estructurales actuales de la edificación del centro carcelario, y en caso de evidenciarse algún riesgo estructural se deberán tomar las medidas necesarias de urgencia para preservar la vida de los internos.

En ese sentido, en el fallo del magistrado Jaime Movil, decretó adicionar a la sentencia de primera instancia una serie de órdenes como medidas de largo, mediano y corto plazo en aplicación a las reglas de equilibrio decreciente en el establecimiento penitenciario de mediana seguridad y carcelario de Riohacha.

Para lo cual ordenó al Ministerio de Justicia, al Instituto Nacional Penitenciario, a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios –Uspec– y al director del establecimiento carcelario de Riohacha, para que el termino de tres años y nueve meses, procedan a construir y entregar definitivamente el establecimiento penitenciario de la capital de La Guajira, el cual deberá realizarse con las vigencias presupuestales de los años 2020, 2021, 2022 y 2023, teniendo como fecha límite de entrega el mes de diciembre de 2023.

Precisó que la construcción del nuevo establecimiento penitenciario y carcelario, deberá contener un pabellón exclusivo para indígenas y otro para mujeres, teniendo en cuenta que el Departamento no cuenta con centros de reclusión de esas características.

Además, se ordenó al alcalde distrital para que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del fallo, realice las medidas necesarias para la protección y vigilancia del predio denominado ‘Laguneta’ con respecto a invasores, hasta que se finalice la construcción del nuevo centro carcelario.

Instó a los 15 municipios a que en coordinación con el departamento de La Guajira, el Ministerio de Justicia, la Uspec y el Inpec, se realice la elaboración y presentación de un proyecto para la creación de dos pabellones de detenidos para que sean ubicados en los circuitos judiciales de Maicao, San Juan del Cesar o Villanueva, que debe culminarse en un término no mayor a un año siguiente a la notificación de la sentencia.

El magistrado ponente ordenó al director Nacional del Inpec, que a partir de la fecha de notificación de la sentencia, tiene prohibido ordenar traslados de internos de otros centros carcelarios con destino al establecimiento penitenciario y carcelario de mediana seguridad de Riohacha.

Además, se ordenó al Inpec y al director de la cárcel, que luego de finalizada la brigada de depuración respecto a los condenados que tengan derecho a la libertad condicional y prisión domiciliarias por el término de tres meses siguientes a la notificación del fallo, les empezará a correr un plazo de treinta días para realizar los traslados a otros establecimientos carcelarios de las demás personas que se encuentran en el establecimiento penitenciario y carcelario de Riohacha, cumpliendo condena con sentencia debidamente ejecutoriada, teniendo en cuenta la situación de hacinamiento y que la cárcel de la capital de La Guajira, es solo para sindicados o detenidos.

El magistrado ordenó al director del Inpec, de la Uspec y al de la cárcel, para que dentro de los 10 días siguientes a la notificación de la sentencia, se proceda a ampliar la planta del personal médico consistente en dos galenos, dos enfermeras jefes y dos auxiliares de enfermería que realicen turnos de disponibilidad durante las 24 horas los siete días a la semana, con el fin de garantizar la salud de los internos.

Solicitó la realización de una brigada de salud e higiene para la población privada de la libertad, que deberá realizarse de manera periódica cada mes hasta que se conjure la situación de hacinamiento. También la implementación de dos salas virtuales, dotadas con todos los elementos técnicos, tecnológicos e internet, al interior del establecimiento carcelario.
El fallo lleva la firma del magistrado ponente Jaime Antonio Movil Melo, de Lubin Fernando Nieves Meneses y de la secretaria general, Rosaura Arredondo Iguarán.