Una investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación fue vital para poder descubrir el ‘cartel del comparendo’, y capturar a cinco funcionarios del Tránsito de la ciudad de Valledupar. Al parecer, entre los detenidos, estarían personas que son oriundas del departamento de La Guajira pero que laboran desde hace algún tiempo en la capital de Cesar.
Los cinco capturados fueron identificados como Julieta Margarita Hinojosa Daza, Letzzy Carolina González Oñate, ambas de San Juan del Cesar; Amparo de Jesús Estrada Arias, Odacir Montenegro González y Margarita Rosa Cartagena Guerra.
Las acciones investigativas fueron lideradas por el Fiscal 12 Seccional Anticorrupción de Valledupar, Gentil De León Mármol.
“Durante un periodo comprendido entre 2016 al 2020 se concertaron entre sí y con particulares que se desempeñaban como tramitadores externos de la Secretaría Municipal de Tránsito y Transportes de Valledupar con el único propósito de utilizar esa entidad para realizar diversos actos de corrupción e incurrir en las conductas punibles de prevaricato por omisión, abuso de función pública, concusión, falsedad ideológica en documento público, falsedad en material público, cohecho impropio y cohecho por dar u ofrecer y lo convinieron con vocación de permanencia en el tiempo, toda vez que desde sus funciones y roles han pretermitiendo el ingreso o cargue de las ordenes de comparendo en los sistemas de información obligatoria CIVITRANS, SIMIT y RUNT, provocando intencionalmente múltiples caducidades de acciones contravencionales y prescripciones de acción de cobros de sanciones impuestas”, sostuvo una fuente que conoció detalles de la investigación.
De igual manera, revela la fuente que “así como también han omitido el ingreso o actualización en el RUNT de las órdenes de embargo de vehículos autorizados por jueces de la República de diferentes distritos judiciales, pero también eliminan, borran o modifican arbitrariamente información debidamente cargada en esa plataforma”.
De igual manera, indicó la fuente que “los servidores públicos aquí involucrados exigen cuantiosas sumas de dinero a los usuarios de servicio y en otros casos los aceptan por ofrecimiento directo que hacen los usuarios, para que estos les impriman celeridad a los trámites de traspasos, despignoración, duplicados de licencias de tránsito, duplicados de placas, tarjetas de propiedad, etc, pero también actos que son ostensiblemente contrarios a sus deberes legales, tales como, la eliminación o borrado de comparendos de las bases de datos SIMIT y RUNT sin ninguna orden del funcionario competente, salida del vehículo del parqueadero oficial de la secretaría de tránsito sin autorización del inspector de tránsito o con documentos falsos”.
Finalmente, sostuvo la fuente que “se estima que el municipio de Valledupar entre el periodo 2016 a 2020 dejó de percibir más de 3.000 millones de pesos por conceptos de multas a infractores en las normas de tránsito, en especiales los de alcoholemia que son las más onerosas y apetecidas por los funcionarios de la entidad”.
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