La Procuraduría General de la Nación inició acción preventiva tras conocer denuncias hechas por veedores ciudadanos y medios de comunicación, sobre presuntas irregularidades en un proyecto de acuerdo radicado ante el Concejo de Santa Marta, Magdalena, por la alcaldesa, Virna Johnson.
La mandataria solicita un cupo de endeudamiento por $1.7 billones, pagadero con vigencias futuras de la ciudad por los próximos 30 años, con el fin de financiar el megaproyecto de acueducto, ‘El Curval’ para el Distrito de Santa Marta.
La veeduría asegura en su denuncia que el proyecto se radicó de manera intempestiva para lograr aprobación antes del próximo 31 de diciembre y que “los estudios presentados por el Gobierno local están incompletos y no cuentan con avales de viabilidad, pues el contrato interadministrativo entre la Alcaldía Distrital, la Gobernación de Magdalena y Cenit SAS, (Empresa que ejecutaría el proyecto) se encuentra prorrogado mediante acta modificatoria No. 4 hasta el 15 de enero del próximo año, debido precisamente a que no se encontraba terminado y entregado lo que corresponde a la totalidad de los productos contratados con la empresa consultora”.
En el marco de esta acción preventiva, la Procuraduría Regional Magdalena solicitó al Concejo Distrital, de manera perentoria, copia del mencionado proyecto de acuerdo con todos sus anexos, así como de otros existentes (con soportes documentales) en materia de acueducto y alcantarillado en la ciudad.
También pidió a la Alcaldía copias del convenio interadministrativo suscrito entre la Alcaldía de Santa Marta, la Gobernación de Magdalena y Cenit S. A., con sus actas de prórroga y copias del megaproyecto de acueducto para Santa Marta que esa administración asegura haber radicado ante el Departamento Nacional de Planeación.