Luego de conocerse irregularidades en la operación del Sisbén en Santa Marta en la que al menos tres contratistas de la Alcaldía distrital tenían registros de extrema pobreza pese a devengar sueldos entre los $3 y $7 millones mensuales.
La Procuraduría General de la Nación informó que abrió indagación previa para verificar las denuncias ciudadanas, publicadas por varios medios de comunicación, sobre tres contratistas de la alcaldía de Santa Marta que “serían beneficiarios del programa de subsidios estatales, Sisben, en clasificación A2, que corresponde a ciudadanos en condición de pobreza extrema, a pesar de que reciben ingresos mensuales de entre $3 y $7 millones”.
El ente de control señaló que “de acuerdo con las denuncias recibidas, la pareja sentimental de uno de estos contratistas sería una de las encargadas de registrar en el Sisben a los ciudadanos que acreditan situación de vulnerabilidad para recibir los beneficios estatales y quién presuntamente estaría tras esta red de corrupción”.
Entre las pruebas solicitadas por el Ministerio Público están, entre otras, los registros actualizados del Sisben a la fecha, donde figuran los contratistas en cuestión, que evidencien además la categoría a la que estos pertenecen y los beneficios que reciben por estar allí suscritos.
También copia de los documentos del Sisben en los que se identifique a los funcionarios que realizaron los registros y actualizaciones de los mencionados contratistas en el sistema a sabiendas de que no ostentaban la condición de pobreza extrema que les fue asignada.