Un coronel, una subteniente y seis patrulleros de la Policía Nacional en Sucre, fueron separados de sus funciones, mientras se esclarece el asesinato de tres jóvenes en Sampués, quienes murieron en medio de un supuesto operativo contra delincuentes del Clan del Golfo, luego del ataque armado en el que fue asesinado el patrullero David Felipe Ruiz.
Los tres muchachos, según sus familiares, eran estudiantes y al momento de ser abordados por la Policía se los llevaron en una patrulla y posteriormente aparecieron con tiros de gracia en la cabeza y el pecho.
Una testigo de los hechos, corroboró que los uniformados solo llegaron y los señalaron de haber matado a su compañero en Sampués, acto seguido subieron a los tres amigos en el vehículo institucional.
También aseguran que los torturaron: “Tenía toda la cara desbaratada, la boca desbaratada, inflamada, sangrando, con un tiro en la frente y dos a la altura del corazón”, aseguró el pasado 31 de julio el tío de uno de los civiles.
El 25 de julio, el coronel Carlos Andrés Correa Rodríguez, comandante de la Policía de Sucre, informó: “En la reacción de los otros policiales logran herir a estos delincuentes, los cuales son interceptados ya malheridos y posteriormente también fallecen cuando eran trasladados a centro hospitalario”.
Las familias de los tres jóvenes desmintieron que fueran los responsables del crimen policial. Asimismo, denunciaron que fueron capturados con vida y minutos más tarde aparecieron muertos, ante lo cual elevaron la denuncia.
Mientras se adelanta la investigación, la Inspección de la Policía decidió suspender del cargo al coronel Benjamín Núñez Jaramillo, la subteniente Camila Buritica Valencia y los patrulleros Bernardo Pontón, Húber Mieles, Jesús Bolaños, Álvaro Álvarez, Diana Puerta y Leila Ávila.
“Será la Fiscalía General de la Nación, con sus peritos, la que establezca de acuerdo con las pruebas judiciales de dónde provinieron los disparos que ocasionaron las heridas y posterior fallecimiento de las tres personas que murieron después del crimen cometido contra el patrullero” en Sampués, indicó el general Ramiro Castrillón Lara, inspector general de la institución.
Aníbal Garay, abogado de dos de las familias de los jóvenes muertos, manifestó que sus clientes sienten “un poco de tranquilidad, no al 100 por ciento por obvias razones, pero sí sienten que se está haciendo justicia a pesar de que son retirados solamente 8 y participaron al parecer más de 30 o 40 uniformados”.
El tío de una de las víctimas, lamentó que su sobrino haya muerto en lo que al parecer se trataría de un ‘falso positivo’.
“Ellos estaban muy dolidos por la muerte de su compañero y en medio de la rabia y la impotencia debieron culpar a alguien. Así como fueron estos muchachos pudo haber sido yo o cualquier persona del pueblo”, comentó.