Procuraduría solicita anular la elección del contralor del departamento de Córdoba

La Procuraduría General de la Nación solicitó ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Córdoba, anular el acto de elección del contralor departamental, Omar Darío Lozano Flórez, por presunta inhabilidad.

Se conoció que, al parecer, el actual jefe de control fiscal en el departamento de Córdoba no habría renunciado a tiempo del cargo que ostentó en la empresa Aguas de Córdoba S.A. E.S.P., en aseguramiento de la Infraestructura y Gestión Social.

“El hecho que haya suscrito el accionado un contrato de trabajo con la empresa de servicios públicos de naturaleza oficial Aguas de Córdoba S.A. E.S.P., lo cual es obvio, tratándose de los servidores públicos denominados trabajadores oficiales dado que son por regla general los servidores que conforman las plantas de personal de este tipo de entes”, señaló la Procuraduría.

Del mismo modo, agregó: “Aún de ser pasibles de las normas de derecho privado laboral y corresponder dirimir sus conflictos a la jurisdicción ordinaria laboral, ello no desnaturaliza su condición de servidor público; y por contera, ocupar un cargo en la Rama Ejecutiva del orden departamental incurriendo en la prohibición constitucional”.

Sobre el caso, la defensa del contralor, William Quintero, manifiesta que lo expuesto es un “concepto que no es vinculante”.

“Es un concepto que no es obligante para el operador judicial, ese concepto se refiere exclusivamente a temas de garantías procesales. En el caso del procurador, llama la atención que él presenta alegatos finales y la Procuraduría no es una parte procesal, sino especial y no emite alegaciones, solo conceptos”, precisó el abogado.

Asimismo, manifestó que en el proceso hay suficiente material probatorio que los lleva a concluir que Omar Darío fue elegido “en debida forma, no se encuentra inhabilitado para ser contralor departamental. Existe la certificación de la representante legal de Aguas de Córdoba, que manifiesta que el señor Omar Darío nunca ejerció cargos directivos en esa entidad y, de otra parte, dice en esa certificación que él se encontraba vinculado laboralmente mediante un contrato de trabajo a término definido”.

Hay que anotar que el Tribunal Administrativo de Córdoba se encargará de definir el caso del funcionario.