Socio de Centros Poblados también es investigado por posible desfalco en Sucre

Intec de la Costa SAS, una de las firmas socias de la Unión Temporal Centros Poblados investigado por el escándalo del anticipo de $70.000 millones de MinTIC, fue vinculada a otra investigación por parte de la Contraloría. Esta vez el ente de control detectó la posible pérdida de un anticipo de $1.253 millones de pesos pagados por la Alcaldía de Caimito (Sucre) al Consorcio Puente San Jorge 2019, integrado por varias la mencionada empresa con un 80% de la participación.

De acuerdo a la Contraloría, dicho Consorcio tiene contrato suscrito con el municipio de Caimito por valor de $2.507 millones para adelantar las obras complementarias del puente y desde hace tiempo se ha denunciado la ocurrencia de varias presuntas irregularidades. La misma administración municipal denunció una supuesta falsedad documental en el acto de conformación de este consorcio. 

Por lo anterior, la CGR realizó una auditoría en Caimito y realizó un hallazgo que dio inicio a un proceso responsabilidad fiscal por parte de la Gerencia Departamental de la CGR en Sucre.

El hallazgo detectado en tal auditoría tiene que ver con deficiencias en la ejecución del contrato suscrito por el municipio de Caimito con el Consorcio Puente San Jorge 2019, particularmente en la inversión del anticipo de obra.  

Al momento de realizarse la auditoría se determinó que no reposaba en la cuenta bancaria que abrió el contratista la totalidad de los recursos del anticipo que debía haber allí, aunque no se había amortizado y no había avance en la ejecución de la obra. 

En visita que realizó a la misma un ingeniero civil de la Contraloría a principios 2020, se verificó que se encontraba abandonada sin ejecutar. 

Pólizas vencidas y otros líos

Aparte de un mal manejo del anticipo, la Contraloría ha determinado también que las pólizas del contrato suscrito por el Consorcio Puente San Jorge 2019 están vencidas y no se constituyeron correctamente para los riesgos de cumplimiento del mismo y de buen manejo y correcta inversión del anticipo. 

El organismo de control encontró igualmente que el secretario de Planeación del municipio de Caimito para la fecha de los hechos investigados, supervisor del contrato de obra pública y del de interventoría, habría tenido incidencia directa en el vencimiento del plazo del contrato de obra al suscribir un acta de suspensión sin estar facultado para ello, situación que, a su vez, condujo al vencimiento del período de vigencia de los amparos constituidos en la respectiva póliza de seguro de cumplimiento. 

Y hay más: la obra inició sin el trámite de los respectivos permisos de ocupación de Ocupación de Cause y permiso de Aprovechamiento Forestal.

Y no está soportada la procedencia legal de los materiales de construcción utilizados.

Causa del daño patrimonial

En el proceso de responsabilidad fiscal abierto por la Contraloría en este caso, el supuesto daño patrimonial se deriva de las deficiencias detectadas en la estructuración y ejecución del contrato de obra pública suscrito por el municipio de Caimito (Sucre) con el Consorcio Puente San Jorge 2019.

A esto se suma el perjuicio derivado del incumplimiento del contrato de interventoría que suscribió con el Consorcio Interpuentes 2019, que según la Contraloría claramente desatendió sus obligaciones contractuales y legales, al abstenerse de verificar que el contrato de obra cumpliera con todos los requisitos y condiciones necesarias para su ejecución, además de pasar inadvertidas las deficiencias en las garantías constituidas por el Consorcio Puente San Jorge 2019.

Por otra parte, el contrato de interventoría también posee deficiencias en las pólizas de seguro para los riesgos de cumplimiento del contrato y de buen manejo y correcta inversión del anticipo.

La CGR vinculó a este proceso, como presuntos responsables fiscales, a:

  • -VÍCTOR MIGUEL RICARDO VEGA, en calidad alcalde del municipio de Caimito (Sucre), para la época de ocurrencia de los hechos investigados.
  • -KEVIN RICARDO CALY, en calidad de secretario de planeación del municipio de Caimito para la fecha de los hechos investigados, supervisor del contrato de obra pública y del contrato de interventoría. 
  • -INTEC DE LA COSTA S.A.S, como integrante del CONSORCIO PUENTE SAN JORGE 2019, contratista ejecutor del contrato de obra pública, Esta vinculación opera con relación a la cuantía de $1.253.542.637,50, correspondiente al valor percibido por el CONSORCIO PUENTE SAN JORGE 2019 como anticipo.
  • -DIALCO CONSTRUCCIONES S.A.S., como integrante del CONSORCIO PUENTE SAN JORGE 2019 -con participación del 20%, contratista ejecutor del contrato de obra. 
  • -WALTER DAVID SÁNCHEZ URZOLA, por su actuar como representante legal del CONSORCIO PUENTE SAN JORGE 2019, ante una supuesta falsedad en la constitución del mismo. Su vinculación se hace con relación a la suma de $1.253.542.637,50, correspondiente al valor percibido por este consorcio como anticipo.
  • -COVILCO LTDA., integrante del CONSORCIO INTERPUENTES 2019 -con participación del 50%-, contratista ejecutor del contrato de interventoría 
  • -JAVIER JOSÉ PEREIRA AREIZA, integrante del CONSORCIO INTERPUENTES 2019 -con participación del 50%-, contratista ejecutor del contrato de interventoría. 
  • El proceso de responsabilidad fiscal se abrió por una cuantía inicial estimada de MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS VEINTIUN PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($1.337.790.621,50), correspondientes al valor de los pagos realizados a los contratistas de obra y de interventoría.