¡Con una justicia así, para que infierno!

He venido haciendo seguimiento al torbellino político-social que ha causado las declaraciones o testimonios de los exmiembros de las Farc-EP sobre la responsabilidad de varios ajusticiamiento que cometieron, entre ellos el de Álvaro Gómez Hurtado, Hernando Pizarro y otros colombianos.

Hoy y siempre desde hace 25 años hemos querido los colombianos el esclarecimiento de estos asesinatos. Probablemente para muchos consiste en saber quién apretó el gatillo y quién lo mandó a matar, y de menos importancia, conocer las razones por qué, sean del ámbito que sean.

Gustavo Sastoque, quien fue funcionario de la Fiscalía General de la Nación, ha hecho un sensible relato a María Jimena Duzán, sobre los acontecimientos que lo llevaron a pagar más de 11 años de prisión con la conciencia, pensamiento y fe de que era inocente. Ya lo mejor, esa misma convicción tenían los funcionarios de los organismos de investigación del Estado que lo inculparon, ¡pero qué carajo!

Según sus declaraciones, “urdieron un entramado para hacerlo aparecer como el asesino material de Hernando Pizarro”. Relata serenamente, pero uno puede interpretar el dolor y frustración que tiene cuando señala “que su institución y compañeros que lo conocían no fueron capaces de apoyar para demostrar su inocencia, sino todo lo contrario, algunos funcionarios se prestaron para montar todo un paquito de dibujos animados para que los fiscales y jueces dijeran usted es el autor material, usted es el asesino”.

Yo antes de enunciar mi opinión u otras razones sobre este caso, quiero que por fin se acabe la horrible noche de las mentiras, invenciones e incertidumbres sobre este caso. La verdad integral, la verdad verdadera con todas sus motivaciones y actores, sobre todo los de primera línea, merece aparecer. 

Quiero que se investiguen y valoren de manera objetiva y transparente, las nuevas circunstancias que aparecieron ahora.

Dice Gustavo, por ejemplo “que el día y hora del asesinato él estaba comprando unos zapatos en un almacén en Bogotá y aportó a la investigación el recibo de pago que hizo con su tarjeta de crédito, así como las declaraciones de la administradora del almacén y la joven que lo atendió” y eso no fue tenido en cuenta como prueba. También comentó, y para quienes no somos abogados ni agentes investigadores, creemos que tienen importancia algunos otros hechos, por ejemplo, “uno de los dos testigos afirma que lo vio cuando iba en el carro, supuestamente después de cometer el asesinato y dijo la talla, color de los ojos y material de la ropa que portaba; y lo precisa de manera idéntica a como lo dijo la otra testigo. Supuestamente los testigos estaban en sitios diferentes en ese momento y no se conocían, pero llevaron la misma versión. 

De esta manera, reitero, según su relato, inventaron muchas otras cosas más que tomaron para su condena y desecharon otras ciertas, probablemente de gran peso probatorio, pero con el “pequeño detalle” que fueron aportadas por él, por Gustavo.

Al sospechar que ayer y hoy la justicia colombiana opera de la misma manera, la primera conclusión obligada es que es una práctica corrupta sistemática. Tiene visos de las dictaduras y regímenes históricos autoritarios dónde la violación de derechos es costumbre de Estado, y calumniar, enlodar y condenar a inocentes solo porque tienen la necesidad de tener un culpable para encubrir su crimen, es libreto oficial y esto se hace “al enemigo o a los débiles”. 

Solo imaginarse uno la reunión de unos funcionarios diseñando la treta, causa náuseas y horror; además, tienen el pudor y la villanía de felicitarse “por haber hecho un plan perfecto”. 

Dios, encárgate de ellos porque la justicia terrenal y si es en Colombia no lo hará. Parece que se alinearan morbosamente cuando es en contra de un ciudadano del común, sin palanca, sin influencias o sin plata. Lastimosamente, a esos “brillantes funcionarios” después hasta los premian y condecoran como héroes. ¡Horror, qué horror!

Hoy, con tantas opiniones por parte de exmagistrados de las más altas cortes y especialistas en las distintas ramas del Derecho sobre las declaraciones de las Farc-EP, al ciudadano raso le crecen las dudas y concluye que nuestras leyes y nuestros códigos están diseñados para castigar al que menos influencias o plata tenga y que son un pasaporte a la impunidad las famosas interpretaciones del derecho. Advierto, no condeno que haya disenso o interpretaciones inteligentes que traten de confirmar o desvirtuar hipótesis; lo que preocupa al ciudadano común “es que se vuelve una maraña y negocio” y siempre sale golpeado el frágil, aún teniendo pruebas y testimonios que es inocente. ¡Con una justicia así, para que infierno!