Departamento de La Guajira sigue padeciendo por la falta de agua a pesar de millonarios recursos invertidos

Según los estudios publicados por la ONU, hay cerca de 2.200 millones de personas en el mundo que sobreviven sin la posibilidad de acceder a fuentes de agua potable, situación que con el tiempo tiende a ser aún más crítica con el cambio climático y unas deficientes políticas públicas y bajo nivel de inversión.

La demanda de agua ‘potable’ crece día a día pero la disponibilidad del recurso se reduce, recordando que esta demanda por el agua ya no es solo para el consumo humano o la producción de alimentos (agricultura) sino para la misma producción de otros bienes y servicios, también esenciales, lo que agudiza también las crisis económicas y dispara el desempleo en muchas regiones.

Abrir la pluma del agua y obtener de manera instantánea el líquido de vida, en muchas partes del mundo se ha vuelto un privilegio, y en el caso de La Guajira es algo que pocos conocen.

A final del 2020 se leía la noticia donde el agua se comenzaría a cotizar en uno de los mercados de valores más importantes del mundo. La bolsa de Wall Street, y aunque el agua es considerada un bien común de beneficio público, el ingreso al mercado de futuros, determinará la profundización de la privatización de la misma, aumentando el costo para acceder a ella.

Este es un claro ejemplo de lo que podría pasar en un futuro sobre el uso, administración, acceso y aprovechamiento del recurso hídrico como mercancía.

La Guajira ha padecido toda la vida la crisis del agua, pese a inmensos recursos de regalías y del sistema general de participaciones invertidos, especialmente en tuberías que nadie ve y en agua que nunca llega a las casas.

La industria que requiere del agua para sus procesos no ha podido despegar en La Guajira, precisamente por ausencia de este recurso, las escuelas en su mayoría no cuentan con el servicio, en especial las rurales, el hospital de Riohacha pervive gracias a que tiene su propio pozo profundo, y la industria de alimentos vive sus dramas cada día por la misma razón.

La Empresa de Acueducto de Riohacha, que esta privatizada, entrega agua solo 4 días al mes a gran parte de la ciudad (un día a la semana), los hogares deben almacenarla en albercas, donde el proceso de potabilización se pierde, y además deben moverla con motobombas lo que aumenta el costo de la energía que es de las más caras del país, en un departamento empobrecido.  

Esta sería la situación del 49% de la población del Departamento que es urbana, el restante 51% de la población que es rural, mayoría indígena o afrodescendiente, el acceso es aún mucho más restringido por no decir que nulo, y las pocas fuentes son de alto riesgo para la salud.

Las soluciones

Para dar solución a la falta de agua de las comunidades rurales, especialmente del pueblo wayuú que representa el 49% de la población del Departamento, el Gobierno nacional, en cumplimiento de la Sentencia T-466 de 2016 inició la estrategia denominada Guajira Azul, consistente en la construcción de una seria de pilas públicas (albercas) que son alimentadas vía carrotanques  desde un pozo central; en términos generales, es un pozo profundo para cada 4 a 6 pilas publicas aferentes.

Las comunidades adyacentes de cada pila pública en un radio de máximo 2.5 km deben llegar y recoger el agua que consumirá cada día en pimpinas y llevarla por sus propios medios, en recorridos de hasta dos horas de camino.

Sin embargo, la Sentencia T-302 de 2017 que declaró el estado de cosas inconstitucional en La Guajira, fue más allá y ordenó que se debía garantizar el suministro de agua  potable con un mínimo de 20 litros día por cada indígena, en especial, los niños wayuú, además se debe generar excedente para la agricultura para la seguridad alimentaria y otros menesteres en el hogar.

Este último mandato no se está cumpliendo con la estrategia Guajira Azul, en primer lugar, en el piloto de Casa Azul de Manaure, las pilas quedaron tan alejadas del pozo productor, que la mayoría de población quedó fuera de cobertura, y se entrega la misma cantidad de agua por familia independientemente si tiene 2, 3, 4 o 10  miembros, no garantizándoseasí el mínimo de 20 litros día.

Es estos términos, para la Veeduría Ciudadana a la Sentencia T-302 de 2017, la apuesta del Gobierno Nacional de cubrir el 70% del territorio con agua potable para el 2022 no será alcanzable, para empezar, porque se tiene la percepción de que se está planificando desde un escritorio sin conocer y entender el territorio y las dinámicas de distribución de población wayuú, o en otros términos, aun no entienden la magnitud del problema y no entienden a La Guajira y por lo tanto las soluciones no son pertinentes.

Aclaramos que la solución de Pilas Publicas sí pueden ser la solución, pero no como estas distribuyendo las pilas aferentes, dado que dejan mucha población sin acceso al agua potable, denegándose así el derecho al acceso al agua a mucha población que ha sido protegida por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017.

La Sentencia T-302 de 2017  es una gran oportunidad para la Gobernación de La  Guajira y los 4 municipios accionados de Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia deberían aprovechar.

Reconocemos que la Gobernación pasa por un proceso de reorganización administrativa y además se acogió a la reorganización de pasivos (Ley 550), que le limita un poco su capacidad de acción, además tiene intervenido aun el sector agua potable por el nivel nacional, pero puede asumir la bandera de la Sentencia T-302 y con ello liderar la búsqueda de la garantía y protección de los derechos de esta población que representa el 49% de la población del Departamento, y con una buena planeación y el diálogo genuino con las comunidades, impulsar la construcción de la política pública que el Gobierno nacional no ha dado para hacer.

Lo que si no pueden hacer el Departamento y los municipios es seguir viendo morir sus niños por desnutrición, EDA e IRA. Las soluciones no saldrán de la nada, se requiere mucho trabajo y articulación, pero para ello alguien debe tomar la iniciativa, esa es la recomendación respetuosa de la Veeduría a la Sentencia T-302 de 2017, toda vez que casi se van a cumplir 4 años de vigencia la misma y los niños se siguen muriendo como en el 2017.

Fuente  Veeduría Ciudadana para la Implementación de la Sentencia T-302 de 2017