Las fallas del sistema electoral colombiano que salieron a flote tras los comicios legislativos del 13 de marzo tienen en el ojo del huracán a la Registraduría, una institución en la que no confían los ciudadanos y cuyas deficiencias ponen en tela de juicio la transparencia de las elecciones presidenciales.
La controversia comenzó al día siguiente de las legislativas cuando la coalición izquierdista Pacto Histórico, liderada por Gustavo Petro, favorito para ganar las presidenciales del domingo, denunció que no le habían contado cerca de 500.000 votos al Senado. Eso no había pasado nunca en el país.
El escrutinio del 97 %, publicado el 18 de marzo por la Registraduría, que se encara de organizar las elecciones, le adjudicó al Pacto Histórico 390.152 votos más de los 2.302.847 que habían sido informados en el conteo preliminar, con lo que llegó a 2.692.999 papeletas.
Desde entonces, tanto los seguidores de Petro como de Federico «Fico» Gutiérrez, candidato presidencial por el derechista Equipo por Colombia, y segundo en los sondeos, han dejado caer sospechas de un posible fraude que puede poner en entredicho la legitimidad de las elecciones por primera vez en más de 50 años e incluso la gobernabilidad de quien sea elegido presidente.
La directora de la ONG Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios, aseguró a Efe que lo ocurrido en marzo tiene varias consecuencias, la más grave «la falta de confianza en las autoridades electorales, de manera particular en la Registraduría».
«En últimas, los procesos electorales se basan en la confianza (…) Lamentablemente la diferencia tan alta que se presentó entre los votos transmitidos y los votos escrutados (…) ha llevado a un relato de desconfianza, acompañado de un relato de fraude electoral«, expresó.
Eso, en su opinión, es delicado porque la confianza es la que da «la certeza a los ciudadanos de la aceptación de quien gana y quien pierde las elecciones», más allá de si los candidatos aceptan o no «los resultados sin ningún problema».