El director de la Caja de Compensación de La Guajira, Luis Medina, se pronunció tras la investigación disciplinaria que inició la Procuraduría General de la Nación contra Carmen Elena Arévalo Correa, exgerente del Fondo de Adaptación, por retrasos en la ejecución de un contrato de obra suscrito con Comfaguajira.
Se trata del contrato 010 de 2013 para la reconstrucción de viviendas para los damnificados del Fenómeno de la Niña, que debía ser ejecutado en un término de 24 meses por valor de $23.631.265.032.
Según Medina, fueron muchos los obstáculos que tuvieron que pasar para la materialización del contrato. Sin embargo, al día de hoy se encuentran en etapa de liquidación.
Señaló que, inicialmente, el contrato tenía 4 etapas, pero las dos primeras se llevaron dos años, lo que debía demorar el proyecto.
“La primera era la verificación de los damnificados y la segunda la estructuración de los proyectos de intervención, que eran los proyectos de vivienda. En estas dos etapas se consumieron prácticamente 24 meses que era lo que tenía inicialmente el proyecto”.
Para ello, fue necesario aplicar otros sí de ampliaciones de tiempo, “precisamente porque la etapa de verificación en el departamento de La Guajira fue bastante difícil”.
Esto, debido a que gran porcentaje de los damnificados estaban en los municipios de Uribia y Manaure, zonas extensas de difícil acceso. “La Caja de Compensación con su equipo le tocó verificar uno a uno los damnificados para ver si eran sujetos o no de procesos de reubicación a vivienda nueva o de reconstrucción en sitio propio”.
Además, expresó que gran parte del tiempo se llevó en la estructuración de los planes de intervenciones, porque en el manual operativo del Fondo de Adaptación las condiciones establecidas como requisito para la estructuración de los proyectos, no aplicaban al departamento de La Guajira.
“El nivel central organizó unos requisitos para la construcción y reconstrucción de viviendas que no eran aplicables en La Guajira. No aplicaba por razones específicas. Teníamos que entregar viviendas con servicios públicos, energía, agua y alcantarillado y resulta que la mayor parte de la intervención se presentaba en zona rural. Era obligar a lo imposible, al contratista a construir viviendas con servicios públicos, cuando en La Guajira, en muchas cabeceras municipales y en el Distrito de Riohacha, aun en ciertos barrios no llegan estos servicios o no están regularmente instalados”, afirmó.
Esta situación llegó a un proceso de análisis y discusión con el Fondo de Adaptación, a tal punto que en varias oportunidades enviaron comisiones al Departamento.
“Hubo reuniones con el gobernador de entonces y con los alcaldes de los distintos municipios, para ver si a ellos se les persuadía de lograr instalar servicios públicos para este proceso de reconstrucción y reubicación, precisamente era posible porque no habían los recursos disponibles para llevarlos a cabo”, explicó.
Señaló que fue en ese momento cuando el Fondo de Adaptación y su directiva entendieron la magnitud de la situación y decidieron hacer un capítulo especial para el departamento de La Guajira, con un modelo distinto, donde ya no se exigían esos requisitos para poder entregar la vivienda.
“Otra situación que se nos presentó fue precisamente las escrituras y los registros de instrumentos públicos que era requisito esencial para la entrega de estas viviendas, que se escrituraran y se entregara a cada propietario su registro de instrumento público. Esta fue otra cosa también ligada a lo imposible, porque el 80% de la reconstrucción en sitio estaba precisamente en zona indígena, donde no hay propiedad individual. Existe lo que llamamos resguardos que es una propiedad colectiva”, apuntó.
En ese sentido, Luis Medina aclaró que la investigación no es contra la Caja de Compensación de La Guajira sino contra la exgerente del Fondo, Carmen Arévalo.
“Es importante que la Procuraduría investigue porque se va dar cuenta de todas esas dificultades, que se superaron hasta que se modificó el manual operativo del Fondo de Adaptación con un capítulo especial para La Guajira y se hizo otro sí en tiempo al contrato. ¿Para qué? Porque era imposible en ese momento ejecutarlo”, manifestó.
Enfatizó que, hasta el momento, tienen el 87% de las construcciones de las viviendas y están en el proceso de liquidación del contrato.
“Hoy hemos llegado casi al 90% de las construcciones de las viviendas, con 4.383. Nos falta un porcentaje mínimo que alcanza el 13.6% y ahí precisamente estamos focalizados. El año pasado teníamos que iniciar el proceso de liquidación del contrato, a raíz de la pandemia todos esos procesos se detuvieron; se retomó este año y estamos precisamente en el proceso de liquidación”.
Se mostró tranquilo con la investigación debido a que “no tenemos ningún inconveniente” y la “Procuraduría encontrará por qué realmente se ha demorado tanto tiempo en iniciar un proceso de reconstrucción”.
Por ahora, indicó, los contratistas están a espera que el Fondo de Adaptación les desembolse unos recursos que son aproximadamente 19 mil millones de pesos, “que ya ellos tienen ganados porque son viviendas que ya fueron construidas”.