Hace algunos días, el gerente de Air-e, John Jairo Toro, denunció que varios líderes comunales están aprovechando la actualización de medidores que adelantan en La Guajira, Magdalena y Atlántico, y el cobro de la cartera de Electricaribe para hacer política e impulsar sus intereses particulares.
Si bien Toro no mencionó algún nombre en particular, varios líderes de comunidades se molestaron con las declaraciones del gerente de Air-e. Uno de ellos es el abogado Absalón Torres Echeverría, miembro de la Mesa Permanente de Servicios Públicos de Barranquilla, quien refutó a Toro en una entrevista para Sistema Cardenal 1010 AM.
“Detrás de esto no hay un manejo politiquero, ni estamos alrededor de un político. Nosotros somos Mesa Permanente de Servicios Públicos, y también está la Federación Distrital de Acciones Comunales que maneja 168 acciones comunales, está también la organización Unidos Somos más que hizo el 29 de este mes una caravana contra el mal manejo que viene haciendo Air-e del servicio público. Están una cantidad de organizaciones sociales que no están movidas por cuestiones políticas”, dijo.
Por otra parte, Torres considera que el gerente de Air-e tiene una visión muy limitada sobre el proceso de cobro a deudores morosos del servicio de energía.
“Esta es una problemática bastante compleja, especialmente para toda la costa y desde esa perspectiva creo que tiene una mirada un poco sesgada, porque él la mira desde una perspectiva netamente como un negocio comercial sin tener en cuenta que en ese negocio comercial está implícito un servicio público esencial como lo es la distribución de energía eléctrica en un contrato de concesión. Me parece lamentable que el gerente de Air-e haya asimilado el negocio de los servicios públicos como si tú compraras una botella de agua en una tienda, y que de una u otra manera cuando te la vende el comerciante tienes que pagar, así nada más, y eso no es así”, dijo Torres.
El abogado señala que Air-e violó el debido proceso de cobro de las deudas que los usuarios tenían con Electricaribe, el anterior operador de la energía, por no notificar como indica la norma a los deudores y porque técnicamente Air-e no ha prestado el servicio de energía prestado antes de octubre de 2020.
“El debido proceso tiene que ser respetado porque está en la Ley 142 de 1994, pero igualmente la cesión de crédito tiene que tener respeto sobre un debido proceso y es que la cesión de crédito tiene que ser notificada en debida forma, es decir, esta notificación tiene que hacerse personal como lo establecer la ley y no de manera abstracta prácticamente a través de un boletín de información que se hizo a través de un acto administrativo que parece tener un carácter general”, agregó.
Finalmente, el abogador Torres Echeverría aclara que no se oponen a que Air-e cobre a los usuarios que tienen deudas con la empresa, pero piden que la compañía efectúe correctamente la cesión de cartera desde Electricaribe y que luego notifique de forma particular a cada moroso como indica la norma.