Aplazadas mesas de trabajo convocadas por los Ministerios para el cumplimiento de la Sentencia T-302 de 2017

Uno de los puntos que se resalta en la Sentencia T-302 de 2017 en el octavo objetivo, es la búsqueda de medios y recursos para garantizar un diálogo con las autoridades legítimas del pueblo wayuú, al enfatizar que “las acciones que se realicen para la superación del estado de cosas inconstitucional, además de ser efectivas, deben ser legítimas en los ojos del pueblo wayuú y en el contexto de un estado social y democrático de derecho multicultural y pluriétnico”.

Es importante para entender esa caracterización de diálogo genuino, que no solo hace referencia a la convocatoria de las autoridades legítimas que se encuentran inscritas en la base de datos de los Ministerios, sino a la participación genuina de las autoridades de los apüshiy que han portado por tradición el destino de sus rancherías.

Este podría ser uno de los principales obstáculos en la convocatoria legítima y genuina de autoridades que sean representativas en el territorio, pues aún la entidad estatal no cuenta con un consolidado total de los nombres de las autoridades wayuú y su ubicación exacta. Sin embargo, esto no puede perpetuarse como un inamovible para iniciar el trabajo y cumplimiento de la Sentencia.

En el mes de diciembre, se anunciaba la continuidad de las mesas de trabajo, por parte de los ministerios accionados por la Sentencia, quienes pretendían dar el pitazo inicial para acometer la segunda fase de la consulta con los temas de salud, agua potable, educación, vías y alimentación y participación dentro de las ofertas institucionales y el anunciado pago de la deuda histórica a la población wayuú.

Pero la falta de planeación, el desconocimiento de las autoridades wayuú en el territorio, el aumento de los casos de Covid-19 en La Guajira y las fechas escogidas (previo a la Navidad y Fin de Año), hicieron que se aplazaran las reuniones que se tenían previstas en Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia hasta que se lograra la instalación de las mesas con los representantes legítimos de cada una de las partes, tanto wayuú como de los ministerios.

Empero, uno de los ejercicios que se pudieron realizar antes de finalizar el año, fue la reunión de la ministra de Educación, María Victoria Angulo, con uno de los colectivos más organizados de La Guajira, los educadores.

Aunque nuevamente la reunión se daba de manera exploratoria, quedaba claro la importancia de la unidad del pueblo wayuú para la construcción de una ruta metodológica que logrará exponer las necesidades que tienen en el territorio y las propuestas concretas para la superación de esas necesidades. También se dejaba registrado en la mesa de trabajo, la importancia del diálogo con los representantes de alto nivel de cada uno de los ministerios, para que se logre de manera rápida la aprobación de los proyectos que se construyan de manera conjunta.

Este nuevo intento de diálogo se levantaba con acuerdos de trabajo, pero sobre todo, con la urgencia de convocatoria de la mayoría de los involucrados como beneficiarios de la Sentencia T-302 del 2017, para iniciar la fase de creación de planes estructurados, para lo cual es  clave la convocatoria que puedan realizar en el territorio los diferentes grupos wayuú, asociaciones, líderes reconocidos y autoridades para  iniciar la proyección de las peticiones en los 4 municipios beneficiados por la decisión jurídica.

Pero esta labor debe estar acompañada de la generación de capacidades que permitan una buena formulación de proyectos de corto, mediano y largo plazo que beneficien a la mayor cantidad de indígenas wayuú y con esto se logre superar el estado de cosas inconstitucional en las que aún viven los indígenas.

Otro de los retos, es abarcar la mayor parte del territorio, para lograr la participación efectiva de la pluralidad de las comunidades y cumplir así con lo expuesto en el octavo objetivo de la Sentencia. Para lograrlo, se necesitarían reuniones por corregimientos que garanticen convocatoria universal, lo que requeriría de un trabajo arduo comenzando el año y con presupuesto que garantice la movilización de autoridades dispersas y el amparo de protección en temas de salud.

De ahí la importancia de la tarea que deben desempeñar los grupos constituidos para lograr los consolidados que se necesitan desde esa parte del territorio, de lo contrario, la comunidad wayuú se seguirá viendo como una globalidad no articulada, que no es capaz de tomar las riendas de su propio destino.

Rendición de cuentas

Una vez se logre la formulación coherente de la ruta metodológica, es importante consolidar dentro de los acuerdos, la rendición de cuentas sobre los proyectos, que permitan su ejecución, sistemas de sostenibilidad, satisfacción e impacto en las comunidades directamente beneficiadas. Todo esto con mira a preservar la vida de los niños wayuú y prevenir la tasa de mortalidad y desnutrición que aún se mantiene por encima de la media nacional.

El trabajo que se vislumbra en un futuro es arduo y debe generarse de manera responsable, para que finalmente se dé cumplimiento de una de las Sentencias más importantes que se haya generado para los wayuú y que lleva 3 años a la espera de la una ruta de acción por parte del Gobierno.

Es importante, en este momento, lograr acuerdos de parte y parte para evitar levantarse de las mesas de trabajo sin una solución efectiva y se logren canalizar el ofrecimiento monetario que el gobierno está promoviendo como pago histórico al abandono institucional que ha sumido al norte del Departamento en una ingobernabilidad sostenida por más de 10 años.

Hoy, como dice el popular refrán, la pelota está rodando en el terreno indígena y es menester acompañar este proceso para que sea ejecutado en el menor tiempo posible y se logre finalmente el cambio que se espera para el 2021.

Fuente Veeduría ciudadana para la implementación de la sentencia T-302 del 2017