Consejera wayuú denuncia que operador del Icbf intenta obtener avales de autoridades tradicionales bajo amenazas

Durante los días 15, 16 y 17 de marzo en Siapana, Tawaira y Nazaret, las autoridades tradicionales wayuú, líderes y agentes educativos de 9 corregimientos de Uribia se reunieron con los delegados del Gobierno nacional para abordar el tema de primera infancia.

En el encuentro exigieron una garantía al Estado colombiano en temas de infancia, educación y salud, entre otros programas para el bienestar social. 

De acuerdo a la consejera territorial del corregimiento de Puerto López, Ismenia Iguarán, a pesar de la lucha de las organizaciones wayuú por el respeto a la autonomía y la demanda del cumplimiento de las acciones legales emanadas de la sentencia T-302, continúa el desacato jurídico al respecto.

“Pareciera que esto no valiera mucho, ya que en los últimos días el operador del Icbf denominado Energía Vital, una contratista proveniente de Santa Marta, intentan afanosamente obtener los avales que les permita operar el programa Modalidad propia e Intercultural en los 9 corregimientos de la zona norte de la Alta Guajira”, señaló en una denuncia pública.

No obstante, precisó que la imposición del Icbf está vez no ha sido efectiva, debido a que un número significativo de autoridades tradicionales indígenas se oponen rotundamente a aceptar operadores que sean ajenos al territorio wayuú.

“Han manifestado haber sido amenazados con el cierre de las Ucas sino firman el aval, a los agentes educativos les dan ultimátum de que si desean ser contratados deben entregar hojas de vida de una vez y que los paquetes alimentarios «ya vienen en camino”, esto como una manera de ejercer presión y obtener los avales de manera fraudulenta. De parte del Gobierno nacional ni el Icbf no ha habido respuesta oficial”, apuntó la denunciante.

Cabe destacar que la mayoría de las autoridades wayuú se mantienen en resistencia a pesar de la difícil situación y algunos han elevado denuncias ante los organismos competentes.     

De igual manera, hacen un llamado al Estado colombiano para que les garantice el respeto a la dignidad como pueblo, libre determinación, autonomía y poder decidir libremente en la política de primera infancia.