En medio de las prórrogas en la Sentencia T-302 de 2017 fallecieron 63 niños por desnutrición

Entre las razones que presentó la Corte Constitucional para avocar el conocimiento de la Sentencia T- 302 de 2017, una de ella se centró en el aplazamiento del plan de acción a través de las  prórrogas concedidas por el Tribunal Superior de Riohacha, quien mantuvo la competencia para supervisar el cumplimiento de las órdenes establecidas en dicho fallo hasta que se superara el grado de afectación de los derechos al agua, alimentación y nutrición, salud y participación de las comunidades wayuú.

La competencia del alto Tribunal se mantenía hasta que los cuatro indicadores básicos de alimentación infantil llegaran a los promedios nacionales fijados para la superación del estado de cosas inconstitucional en La Guajira.

Durante el seguimiento realizado por esta institución de justicia, se concedieron prórrogas para estructurar y presentar el plan de acción de la Sentencia por un poco más de 12 meses, tomándose cerca de 11 meses adicionales para analizar y decidir, periodo en donde fallecieron cerca 63 niños por desnutrición.

En el expediente de seguimiento de la Sentencia T 302 de 2017  se pudo evidenciar que el Tribunal Superior de Riohacha  emprendió diferentes acciones que pueden ser agrupadas así: I) tramitar solicitudes de incidentes de desacato; II) hacer seguimiento a las acciones realizadas por las entidades accionadas por la Sentencia; III) solicitar información e interlocución con la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo; IV) realizar informe a la Corte Constitucional respecto a las actividades adelantadas; V) otorgar prórrogas a las actividades establecidas en el cronograma de la Sentencia T-302 de 2017.

Entre las iniciativas llevadas a cabo por el Tribunal Superior de Riohacha se pueden destacar el trámite de cuatro incidentes de desacato promovidos por Custodio Valbuena el 18 de septiembre de 2018 y el 8 de noviembre de 2018; los comisionados indígenas de La Guajira el 11 de diciembre de 2018; y las autoridades tradicionales indígenas pertenecientes a la Asociación de autoridades tradicionales indígenas Shipia Wayuú en abril de 2019.

Resulta importante resaltar que en el marco del seguimiento de las acciones llevadas a cabo por las entidades accionadas en el cumplimiento de la Sentencia y con el fin de evaluar la aprobación de prórrogas, el Tribunal siempre solicitó informes a las entidades de control, convocándolas a diferentes audiencias de seguimiento que tuvieron lugar el 6 de diciembre de 2019 y el 6 de marzo de 2020.  En esta dinámica es necesario resaltar que en el ejercicio de sus funciones el Tribunal Superior de Riohacha concedieron prórrogas para presentar el Plan de Acción para ejecutar la Sentencia T 302 de 2017.

La primera, mediante auto del 7 de marzo de 2019 donde se decide otorgar prórroga para presentar el plan de acción para el 12 de julio de 2019; y la segunda, mediante auto de fecha 9 de marzo de 2020 en el cual se aprobó la propuesta formulada por la Presidencia de la República para la construcción del mecanismo especial de seguimiento y evaluación de las políticas públicas para la superación del estado de cosa inconstitucional ordenado en la Sentencia.

En el otorgamiento de la segunda prórroga, el Tribunal determinó 6 meses para entregar efectivamente el documento de política pública para la superación del estado de cosas inconstitucional. Esta prórroga se dio tras un análisis de 8 meses en el cual se recibieron informes de las entidades accionadas, conceptos de los organismos de control y se realizaron dos audiencias buscando establecer el grado de cumplimiento de las órdenes de la Sentencia T 302 de 2017.

En relación con la prórroga y su alcance, el Tribunal Superior de Riohacha planteó que los accionados no contaban con los elementos de juicio suficientes para verificar los 4 indicadores de nutrición que se fijaron en la Sentencia y constatar la superación del estado de cosas inconstitucional en La Guajira, lo que remite a pensar que las instituciones tienen bajas capacidades para monitorear los indicadores del goce efectivo de los derechos y los indicadores de desnutrición.

También señaló que muy a pesar de que se demuestra que no hay un actuar diligente por parte de las entidades accionadas que podría llevar a impulsar un incidente por desacato de la Sentencia T 302 de 2017, impera la necesidad de garantizar la efectividad del fallo y que conceder el desacato iría en detrimento de los derechos de los niños wayuú.

Esto último lo sustentó al reconocer que en las diligencias públicas más recientes se ha notado una mejora sustancial del ejecutivo que denota un esfuerzo institucional en cumplir con el fallo, resaltando el cambio de actitud de los representantes indígenas quienes en lugar de mostrarse renuentes a la oferta del ejecutivo manifiestan su compromiso con efectuar un diálogo genuino que permita garantizar la totalidad de los derechos tutelados.

Bajo estas consideraciones la prórroga de 6 meses se otorgó con algunas observaciones.

Ministerio Público

La Corte Constitucional le asignó a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo, las funciones de acompañamiento y supervisión de las actividades que se implementen en aras de garantizar el goce efectivo de los derechos fundamentales tutelados.

Lo anterior, partiendo de sus roles constitucionales asignados por el artículo 277 de la Constitución Política de Colombia, en relación con la protección de los derechos humanos, asegurar su efectividad y velar por el ejercicio diligente y eficiente de las funciones administrativas.

En sus actuaciones se pueden desatacar los pronunciamientos realizados el 9 de agosto de 2019 frente al auto interlocutorio del 18 de julio de 2019 del Tribunal de Riohacha, relacionado con la ampliación de los términos para dar cumplimiento a la Sentencia T-302 por parte de la Presidencia de la República, estas instituciones manifestaron que las constantes prórrogas demandadas han ocasionado el atraso del cumplimiento de la Sentencia en más de siete meses, hasta ese momento.

Sostuvieron que las aprobaciones de las prórrogas se han realizado sin que se establezcan condiciones que permitieran verificar al juez que las entidades estén adelantando acciones para el cumplimiento de la Sentencia. Consideraron que se habían presentado tres solicitudes de prórrogas sin que se evalúe el nivel de cumplimiento por parte del Gobierno nacional o territorial, ni se establezcan requisitos para su aprobación.

Finalmente, no apoyaron la solicitud realizada por parte de la Presidencia, ya que las medidas inmediatas y urgentes en materia de salud ejecutadas por las instituciones accionadas no incidieron en el mejoramiento de la situación de los niños wayuú.

Fuente Veeduría Ciudadana para la Implementación de la Sentencia T-302 de 2017