La Policía de España desarticuló una organización criminal dedicada a la trata de personas, quienes eran utilizados en un entramado de “telecoca”.
De acuerdo a las investigaciones, los integrantes de la banda traían a las víctimas desde Colombia de forma irregular haciéndolos deudores de los gastos del viaje de su manutención en el país, coaccionándolos para trabajar en ‘oficinas’ de distribución de cocaína a domicilio y así saldar los pagos.
Se estableció que la Policía detuvo a 39 personas, entre ellos el líder de la organización criminal que dirigía toda la estructura delictiva y los responsables de las llamadas ‘oficinas’, desde las que se llevaba a cabo la venta y distribución del estupefaciente, así como las coacciones a los deudores.
«En los 12 registros practicados, entre los que le encuentran los del máximo responsable y los 20 call center con los que contaban, se han intervenido más de dos kilos de cocaína, más de 100.000 euros en efectivo, abundante documentación y libros de contabilidad, así como los medios electrónicos para que operara la red de tráfico de drogas», agrega la información.
La investigación se inició durante el 2019 cuando los investigadores tuvieron conocimiento de la posible existencia de una estructura criminal que podría estar captando a jóvenes de nacionalidad colombiana, con el objetivo de ser explotados en España con finalidades delictivas.
«Los agentes pudieron corroborar la existencia de la organización criminal, al frente de la cual existían varios responsables que dirigían una estructura de captación de jóvenes colombianos, preferentemente en situación económica precaria y sin trabajo ni perspectivas de futuro, con la falsa promesa de obtener un buen trabajo en nuestro país. Tras diversas indagaciones pudieron identificar a un varón que lideraba todo el entramado criminal y que se encontraba asentado entre el país sudamericano y España», indicó la investigación de las autoridades españolas.
La deuda
Según la Policía de España, «las pesquisas de los investigadores permitieron constatar que tras conseguir engañar a las víctimas, los arrestados costeaban los gastos de viaje para el traslado hasta nuestro país y corrían también con los gastos de alojamiento y manutención iniciales, proporcionándoles además una línea telefónica y un terminal móvil. Una vez se encontraban plenamente instaladas en la capital madrileña, los responsables de la organización les informaban que debían abonar todos los gastos y les amenazaban con que de no hacerlo, los familiares que habían quedado residiendo en sus países de origen sufrirían serios daños».
«La organización utilizaba esas amenazas para indicarles que la única forma que tenían de saldar la deuda era trabajar dentro de la estructura pseudo empresarial que habían creado, la cual consistía en un complejo entramado de reparto de droga a domicilio que tenía varias sedes distribuidas por la capital madrileña a modo de ‘oficinas’ que disponían de call center en los que se recibían los encargos de estupefacientes y se cursaban las órdenes de los pedidos», revelan.
Las oficinas estaban ubicadas estratégicamente por Madrid, por zonas de consumo, para ofrecer unos tiempos de respuesta adaptados a los consumidores, llevándose a cabo los repartos por vehículos adquiridos por la organización, principalmente motocicletas, teniendo una logística compuesta por 20 domiciliarios desde donde se suministraba la droga.
En total fueron enviados a la cárcel 11 de los imputados como presuntos responsables de los delitos de trata de seres humanos, pertenencia a organización criminal, contra la salud pública y blanqueo de capitales.