La Fiscalía impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro sobre siete inmuebles, además de la toma de posesión de un establecimiento de comercio que pertenecerían a la exalcaldesa de Quibdó (Chocó) Zulia María Mena García y a los contratistas Martín Alonso Mazo Pino y Samir Bechara Simanca.
Esta decisión fue adoptada luego de evidenciarse un aparente detrimento patrimonial por $2.130 millones, dinero con el cual se compraron dos lotes ubicados en la vía que conecta a Quibdó y Atrato.
Según consta en el proceso, la entonces alcaldesa protocolizó y ordenó los pagos para que en los referidos predios se construyeran y adecuaran escenarios deportivos de cara a la realización de los Vigésimos Juegos Nacionales que se cumplirían en 2015 en esta localidad.
El material de prueba da cuenta de cómo en los procesos contractuales, al parecer, se vulneraron principios esenciales. En este caso se demostró que por uno de los predios fueron cancelados $2.000 millones, siendo su avalúo catastral de $83’000.000; por el segundo terreno se cancelaron $1.400 millones, y su avalúo en catastro era de $6’000.000.
Por estos hechos, la exalcaldesa Mena García; su asesor jurídico, Luis Alberto Rivera Ayala; y los contratistas Martín Alonso Mazo Pino y Samir Bechara Simanca fueron imputados en 2018, como presuntos responsables de los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros.
Los bienes afectados con medidas cautelares están avaluados en $1.500 millones. Todos fueron entregados a la Sociedad de Activos Especiales –SAE– para su administración.