En una acción sorpresiva, este martes 30 de mayo, alrededor de las 3:00 p.m., siete agentes del CTI de la Fiscalía ingresaron a la Casa de Nariño para llevar a cabo una inspección en la sede de la Presidencia. Esta medida se lleva a cabo en medio del escándalo que rodea a Laura Sarabia, Jefe de Gabinete, por el supuesto uso de un polígrafo en el interrogatorio a la exniñera de su hijo, tras el robo de US$7.000 en su vivienda.
La inspección inició en la sede de Palacio a la Jefatura para la Protección de la Presidencia, donde los agentes buscaron indicios que pudieran confirmar el uso del polígrafo durante el cuestionamiento a Marelbys Meza, exniñera del hijo de la mano derecha del presidente Gustavo Petro. Posteriormente, los investigadores se dirigieron al edificio Galán, ubicado en el costado occidente de la Casa de Nariño, para revisar las oficinas donde opera el polígrafo.
La Fiscalía ha aclarado que se trata de una inspección y no de un allanamiento, como fue mencionado inicialmente por el Jefe de Estado. Los fiscales enfatizaron que el objetivo de esta diligencia es recopilar la mayor cantidad de información y realizar una verificación exhaustiva para determinar si existen cámaras de seguridad en el edificio Galán, donde se presume se encuentra la sala del polígrafo. Asimismo, los investigadores buscan verificar el protocolo de ingreso de visitantes a esta dependencia de la Casa de Nariño.
“La diligencia en mención fue previamente informada al oficial Jefe de la Oficina de Protección de Palacio para que autorice el ingreso del personal de la Fiscalía, y se sirva designar a una persona para que atienda y acompañe el procedimiento”, indicó la Fiscalía en un comunicado.
Según el ente de control, la evidencia física y los elementos de prueba recolectados durante esta inspección fortalecerán la investigación en curso sobre las presuntas afectaciones y violaciones a los derechos de una mujer que trabajaba junto a la Jefe de Gabinete, Laura Sarabia.
“La inspección se enmarca en las competencias propias de los fiscales para el normal desarrollo de la investigación, al tiempo que se garantizan los derechos fundamentales de quienes podrían verse afectados con la diligencia”, agregó el organismo.