El Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) aprobó el documento 4089, que establece el Plan Nacional de Política Criminal 2022-2025.
Con este Conpes buscan “definir estrategias orientadas a fortalecer la capacidad institucional, garantizar los bienes jurídicos de la población y cumplir los principios generales del derecho penal”.
La política tiene una asignación presupuestal de $42.895 millones, y según el Departamento Nacional de Planeación (DNP) su ejecución en los próximos cuatro años, estará a cargo de las entidades que integran el Consejo de Política Criminal, como el Ministerio de Justicia, los entes de control, entre otros.
Básicamente con este Conpes se establecen siete estrategias principales: mejorar la capacidad de respuesta institucional del Estado; perseguir la violencia y de género contra la población vulnerable; más contundencia contra el crimen organizado; prevenir el uso y participación de menores de edad en actividades criminales; combatir el crimen en sus modalidades; y “humanizar el sistema penitenciario y carcelario garantizando la efectiva resocialización”.